El convenio fue firmado en el contexto de la labor que viene emprendiendo la Comisión Para la Implementación de Políticas Penitenciarias para la Ciudad de Buenos Aires, la cual fue creada por resolución 365/07 por el plenario del Consejo.
Desde esa misma Comisión informaron que el sentido del acuerdo con la Procuración Penitenciaria es una de las medidas preparatorias que se está llevando a cabo pensando en la futura creación de un Servicio Penitenciario porteño.
También se tiene en cuenta el aumento de la cantidad de delitos y la creciente población carcelaria para llevar a cabo este tipo de emprendimientos.
El Secretario de la Comisión, Pablo Corbo, aseguró que “el convenio va a redundar positivamente en optimizar el control judicial local, en relación a las personas privadas de libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Nos va a permitir aprender de éste organismo”.
“Desde esta Comisión de Política Penitenciaria que está inserta en el Consejo se está terminando de elaborar un documento marco sobre los principios y líneas de acción concretas que deben abordarse en el trazado de una política penitenciara para la Ciudad”, adelantó Corbo, en referencia a la creación de juzgados de ejecución y de un Servicio Penitenciario local, entre otras posibles medidas.
Según la Ley local 1915, el Servicio Penitenciario Federal “prestará a la Ciudad, hasta tanto ésta se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios o penitenciarios, el servicio de tratamiento de condenados y de guarda, custodia y traslado de procesados, cuyo juzgamiento esté a cargo de jueces con competencia penal de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La Ciudad podrá disponer de la cantidad de plazas que sean necesarias para alojar a internos a disposición de la Justicia de la Ciudad por causas correspondientes a delitos cuya competencia haya sido transferida a la Ciudad”, añade la normativa.
Tras firmar el convenio, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Mauricio Devoto, remarcó la necesidad de “diseñar Políticas Judiciales guiados por los objetivos que nos da la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar el Servicio de Justicia que se le brinda al ciudadano”.
Por su parte Mugnolo afirmó que “las instituciones van más allá del mandato de las personas por ende todo lo que mejore la calidad de la gestión se reflejará en un Estado-Ciudad mejor para todos”.
El convenio prevé el intercambio de información mutua entre la Procuración y el Consejo, en relación a los detenidos.