“La regulación corresponde, lo que no corresponde es la mala regulación porque si no se corre el riesgo de que Internet sea la ley del más fuerte”, explicó el director de Posgrado de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante el plenario de comisiones del Senado que comenzó la discusión de cinco iniciativas para llegar a la ruptura de la “neutralidad en la web”.
Los debates sobre si debe existir una regulación de los contenidos que se comparten en Internet es de larga data y en nuestro país ya tuvo precedentes parlamentarios: es el caso de la Ley de Grooming, o bien de proyectos que buscaban poner límites sobre los proveedores del servicio (que nunca llegaron a ser sancionados pero sí discutidos).
Por eso, y con más fuerza esta vez, cinco senadores presentaron diferentes iniciativas sobre las cuales se buscará emitir un dictamen conjunto. Lo que se busca en esta ocasión es garantizar el derecho de los usuarios a acceder, usar, enviar y recibir información, aplicaciones y servicios sin restricciones de parte de los Prestadores de Conexión (ISP, por su sigla en inglés).
¿De dónde surge la resistencia esta vez? De las empresas como Facebook, Netflix o Google, ya que esta nueva regulación podría permitir que se acceda con mayor velocidad a ciertos contenidos mediante acuerdos comerciales con estas compañías. Es decir, ya no habría una única conexión genérica para toda la web. Así se propuso en Estados Unidos, y el caso fue estudiado de cerca en nuestro país.
La discusión que se llevó a cabo en la Cámara Alta tuvo como ejes la “arbitrariedad” manifiesta que llevan a cabo algunos buscadores o proveedores para bloquear contenido y el “protocolo legal” para llevar a cabo una regulación en este sentido.
En este respecto, Granero precisó que “los proveedores de Internet no pueden retacear ni bloquear información que sea lícita y que no lo pueden hacer arbitrariamente”. Esta regulación, aclaró, servirá para proteger a usuarios de elementos que “puedan causar algún daño”, como la pornografía infantil y otros contenidos que pueden incurrir en graves delitos.
Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, también participó de la discusión y señaló que “no hay acuerdo sobre la necesidad de imponer esta neutralidad por la vía regulatoria, la racionalidad económica de hacerlo o dejarlo librado a las ´fuerzas del mercado´, las cuestiones de equidad, o acerca de si ciertas prácticas conspiran o no contra la neutralidad”.
dju
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