De ese encuentro surgió un documento que le fuera entregado ayer a Duhalde, resumiendo el resultado de la primera etapa de labor.
En su discurso, el presidente expresó que la Mesa del Diálogo Social, entre otras recomendaciones que formula en este documento, advierte con relación a la Justicia, la crisis de confianza que empaña el desempeño de este servicio fundamental para el sistema democrático.
"La crisis de confianza obedece a dificultades en el acceso a la información y ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia; a situaciones de privilegio; y a la ineficacia en la investigación y sanción de ilícitos cometidos en perjuicio del Estado".
"Este gobierno asume como propias las recomendaciones del Dialogo Social de llevar adelante una Política de Estado en materia de Justicia, para dar satisfacción a la clara e impostergable demanda social de una urgente y profunda modernización del Sistema Judicial que asegure su plena independencia funcional como garante de los derechos de los ciudadanos".
Duhalde fue más allá de las generalidades y recordó que “se encuentran para su tratamiento por este Parlamento proyectos elevados por el Poder Ejecutivo para hacer más ágil y eficaz el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y disponiendo que los jueces que se designen de ahora en adelante paguen el impuesto a las ganancias.“
En cuanto al Consejo de la Magistratura, el proyecto del Poder Ejecutivo prevé entre otras cosas una reducción de 20 a 12 integrantes en ese órgano del Poder Judicial y ya despertó rechazos entre varios de los actuales consejeros, como es el caso de la diputada justicialista Lelia Chaya quien indicó que con una eventual reducción del número de representantes de los legisladores se va a ver afectada la representatividad de las minorías.
Respecto del impuesto a las ganancias, existe como posible impedimento el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinara la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”. Se podría argüir que esta cláusula no impide que un nuevo juez pague el impuesto y por ende, tenga un sueldo inferior al de los demás que están en funciones, ya que solo prohíbe disminuir este mientras el magistrado permanezca en su cargo. Sin embargo, la existencia de dos “categorías” de jueces, los que ya están en funciones y los nuevos, cada una con un salario distinto pero cumpliendo la misma tarea, afectaría el principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
“Una Justicia ineficiente, que no resuelve en tiempo adecuado los conflictos que se le someten, no es Justicia. Y los principales perjudicados de esta falla, son los más pobres y desamparados, aquellos que no tienen ni los recursos ni el tiempo necesario para esperar que se respeten sus derechos”, concluyó el primer mandatario.