El desplante de los supremos fue lo único que quedó en claro ayer luego de una reunión que mantuvieron con senadores provinciales que conforman una “mesa de diálogo” que busca destrabar el conflicto entre poderes que ya lleva más de una año.
“El conflicto enmascara la disconformidad de un litigante. Es como si un particular se opusiera al fallo de un juez. La Corte no puede hacer nada”, justificó el senador Alfredo Guevara, condescendiente con la posición de los jueces del máximo tribunal provincial.
El gobierno provincial pidió varias veces que la Corte provincial frenara la avalancha de embargos sobre las cuentas públicas ordenadas por jueces locales para devolver mediante mandato judicial el 7,5% de recorte sobre los sueldos de los trabajadores estatales.
En su momento, para presionar a los jueces embargadores, la legislatura local los dejó sin una cláusula indexatoria salarial. Pero lograron el efecto contrario, 250 sobre 310 jueces provinciales se presentaron y lograron una declaración de inconstitucionalidad de la medida en primera instancia.
Por su parte el gobernador sigue cargando duro contra los jueces. Ayer, Iglesias los calificó de “arbitrarios”. “Esto forma parte de la irracionalidad de algunos miembros de la Justicia, que creen que con esto perjudican a un Gobierno y en definitiva perjudican a la provincia”, remarcó Iglesias.
Ante la falta de alternativas a nivel de la justicia local para destrabar el conflicto, se prevé que por la vía recursiva el tema llegará a la Corte Suprema de la Nación. Aunque en medios locales se duda de la voluntad del gobierno local de llevar tan lejos el problema, ya que de obtener en Buenos Aires una nueva derrota, deberán disponer de algo más de 6 millones de pesos para compensar el recorte.