Hoy, la defensora oficial del destituido capitán de Fragata Alfredo Astiz y otros marinos detenidos, reclamó la declaración de nulidad absoluta de todo lo actuado desde la reapertura de la causa y planteó la incompetencia del juez Sergio Torres.
Según Otello Rella con la decisión de la Cámara Federal el 1° de setiembre pasado de enviar la causa a sorteo se alteró el “principio de Juez natural; principio que a su vez preserva la imparcialidad del órgano al impedir que pueda desnaturalizarse mediante el establecimiento de un tribunal especial”.
Otello Rella y el defensor oficial ad hoc para esta causa, Rodolfo Catinelli, dejaron claro en el escrito que no formularon un planteo de inhibitoria del juez, pero entendieron que al reabrir la causa según el nuevo código de Procedimientos debe ser la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación penal, y no un juzgado de instrucción el que entienda en el caso.
Los defensores entendieron que es el organismo de contralor en materia penal en el que debe reabrir la causa, según los dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimientos, que atribuye a Casación la competencia para “juzgar los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión”.
Además, la defensora oficial “expresa reserva de ocurrir por ante la Cámara Nacional de Casación Penal a través de los recursos de casación y por ante nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante recurso extraordinario federal, por hallarse involucradas en la presente garantías constitucionales básicas que hacen al acervo de las garantías de nuestros representados, como ser la defensa enjuicio, el debido proceso y el juez natural".
Más problemas para el vicealmirantePor otro lado, por primera vez desde que se reabrieron las megacausas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, un vicealmirante ve aún más complicada su situación judicial. Se trata de Oscar Antonio Montes, comandante de la “Fuerza de Tareas 3” con jurisdicción sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Hoy el juez Torres amplió el procesamiento con prisión preventiva a nuevos delitos comprobados, confirmaron fuentes judiciales y también embargó por 2 millones de pesos los bienes del ex jefe naval.
La nueva imputación contra Montes es por los secuestros de Laura Rebonatti y Sergio Bejerman. Ambos fueron secuestrados a mediados de 1976 y permanecieron detenidos en la ESMA hasta que fueron liberados pocos meses después, según registros judiciales.
Estos casos habían sido incorporados en su momento a la causa ESMA por el entonces fiscal Julio César Strassera, pero en el caso de Montes no se lo había llegado a procesar por estos hechos, lo que hizo ahora el juez Torres, luego que la causa se reabriera por decisión de la Cámara Federal el 1 de setiembre último.
De esta forma, el juez comenzó a decidir caso por caso la situación de los diez detenidos en la causa, entre los que se cuentan el ex capitán de Fragata Alfredo Astiz, a quien también resta “resolver” la situación judicial en seis casos e indagarlo en una docena, confirmaron fuentes judiciales.