21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

Juicio por jurados: debate previo al tratamiento de la ley en el Congreso

Durante dos días, especialistas del derecho participaron de un seminario en el Senado de la Nación donde se analizaron los alcances de esta iniciativa que forma parte del Plan de Justicia y Seguridad del Gobierno Nacional. TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DEL SENADOR YOMA

 
Durante el jueves y viernes de la semana pasada tuvo lugar en el Salón Azul del Senado de la Nación el seminario "Juicios por Jurados: el protagonismo del pueblo en el juzgamiento de los delitos" organizado por el senador Jorge Yoma (PJ - La Rioja) y con el apoyo de la Presidencia de la Cámara.

El objetivo del evento fue abrir el debate sobre el proyecto de ley presentado por Yoma, en octubre de 2003, para la implementación en la justicia criminal del juicio por jurados. De aprobarse, la iniciativa cambiará de cuajo el sistema judicial. Vale recordar que este es uno de los reclamos que figuran en el petitorio que entregó, el jueves último, Juan Carlos Blumberg a la Corte Suprema. Los disertantes, en su mayoría expertos en Derecho Penal, se mostraron a favor de la implementación de este nuevo sistema de juzgamiento.

El proyecto presentado por el senador riojano, propone un jurado clásico, integrado por 12 ciudadanos, que se pronunciarán sobre la culpabilidad o no del procesado y su competencia será para el juzgamiento de todos los delitos que en el Código Penal de la Nación, tengan prevista una pena privativa de la libertad con un máximo en la escala penal que sea de seis años o superior. Si bien existen ciertos requisitos para formar parte del jurado el legislador afirmó que “cualquier ciudadano se puede inscribir en un registro a tal efecto” para luego realizarse un sorteo entre los inscriptos que hará el Ministerio de Justicia.

La apertura del seminario estuvo a cargo del presidente del Senado, Daniel Scioli, el Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y los senadores Miguel Pichetto (jefe del bloque de senadores del PJ) y Jorge Yoma. Todos destacaron la importancia de la implementación de este sistema. El Ministro Beliz consideró "un paso histórico y trascendente para poner en marcha la reforma política" y "una asignatura pendiente de la democracia" la implementación de ese sistema. Según el ministro, el proyecto que el Poder Ejecutivo enviará esta semana al Parlamento cuenta con muchas similitudes al presentado por el senador Yoma. Además, Beliz le solicitó al Congreso que lo sancione "a la brevedad" y adelantó que, una vez sancionado, se harán pruebas pilotos para verificar la eficacia del mismo.

Primera Jornada

El primer orador del día jueves, luego de la apertura oficial, fue el Dr. Ricardo Caballero, abogado y profesor a cargo de la cátedra del departamento de Derecho Penal y Criminal de la Facultad de Derecho en la UBA. En su exposición hizo hincapié en las consecuencias de la implementación de los juicios por jurados. "Acerca la justicia a la ciudadanía ya que la representatividad de la gente en el tribunal sería directa. Además, para que progresen sus puntos de vista ante la justicia, los jueces, fiscales y todos los operadores del sistema van a tener que dejar ese lenguaje hermético que solo entienden ellos", dijo Caballero.

También afirmó que "desburocratiza a la justicia porque no hay posibilidad que el jurado caiga en la rutina y favorece al juez porque va a recibir el aire renovador de la calle". Agregó que "el juicio por jurados descorporativiza a la justicia porque evita que los juzgadores terminen formando una corporación.". Finalizó destacando que “como mecanismo de participación popular” los juicios por jurados “le van a devolver confianza a la sociedad en la justicia porque la misma sociedad va a participar en ella.”

Entre los asistentes al seminario, durante la primera jornada, se destacaron la presencia de integrantes del Consejo de la Magistratura Nacional y de distintos ámbitos de la Justicia, como así también la presencia de la diputada nacional Nilda Garré y la ex funcionaria menemista Claudia Bello.

Otro de los oradores del día jueves fue la Dra. María Inés Fagetti de Mansutti, diputada provincial por Corrientes y ex integrante del Consejo de la Magistratura de esa provincia. La Dra. Fagetti es autora de un proyecto para la implementación de juicios por jurados en su provincia. Su exposición se centró en la gestación el proyecto, en los motivos de índole social para llevarlo a cabo y en las trabas jurídicas que se encontraron al momento de redactarlo.

También expusieron el Dr. Joaquín Da Rocha, miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, y el Dr. Francisco Castex, asesor del senador Jorge Yoma.

Segunda Jornada

El profesor Edmundo Hendler, fue el encargado de inaugurar la segunda jornada del seminario. Hendler comenzó su exposición aclarando que “el enjuiciamiento por jurados es una especie dentro de las formas de participación ciudadana, pero es justamente aquella especie que significa la canalización de esa necesidad de la población en el tratamiento de ciertas cuestiones que la conmueven”.

Luego dedicó gran parte de su intervención a describir la situación mundial con respecto a este tema y resaltó que “en nuestro país, durante muchos años, se creyó que el jurado y los mecanismos de participación de los ciudadanos legos en la administración de la justicia penal eran una especie una cosa obsoleta”. Mientras tanto, “la existencia de participación ciudadana en la justicia penal es un fenómeno absolutamente extendido en todas partes del mundo”En Europa, salvo Holanda y Luxemburgo, todos los países tienen alguna forma de participación ciudadana.

Hendler aclaró oportunamente, que existen tres variantes de jurados en el mundo: el modelo clásico (el que todos conocemos a través de la televisión y de las películas), el modelo mixto o escabinado y el modelo de asesores populares, utilizado mayormente en los países del Este de Europa. “De esas tres variantes, yo me inclino por el modelo clásico”, aclaró. Y agregó: “La gran virtud que tiene este sistema es la combinación permanente que se produce entre el sector ilustrado y el sector popular. En Argentina, hay un divorcio entre la población y el funcionamiento de la Justicia y esto es gravísimo. Hay que crear canales de comunicación entre la ciudadanía y el establishment del Poder Judicial”.

Ante una pregunta proveniente de uno los presentes, Hendler afirmó que “es deseable que los jurados tengan la mayor capacitación posible, pero no estoy de acuerdo que se imponga como requisito tener una determinado nivel de educación”. “Todos los sectores tienen que estar representados”, sentenció.

Nuestro país cuenta con una “modestísima” experiencia del juicio por jurados en la provincia de Córdoba. El Dr. Julio Maier, Profesor de Derecho Penal de la UBA y juez del Tribunal Superior de la Cuidad de Buenos Aires, fue el encargado de contar algunos detalles de lo que sucede en su provincia natal.

El articulo 162 de la actual Constitución de Córdoba prevé el juicio por jurados. Las primeras experiencias en esa provincia comenzaron en el año 1991. A diferencia del modelo propuesto en el proyecto del senador Yoma, en Córdoba se utiliza el modelo escabinado: a los tres jueces profesionales se le suman dos jueces ciudadanos. Además, se aplica únicamente en los casos en que la pena es igual o mayor a quince años.

Los requisitos para ser jurados son similares al proyecto del senador riojano. En el caso cordobés, deben ser mayores de 21 años y menores de 65, tener ciudadanía, capacidad civil y actualmente se pide el secundario aprobado y que no tengan ningún proceso penal.

Para su implementación, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confecciona listas por sorteo y elige a 200 jurados para la circunscripción Nº1 (la Capital y los alrededores) y 100 jurados para el resto de las jurisdicciones. De ahí se sortea los dos que integran el jurado. Una vez que cumplen su función se los retira de la lista. Según los datos aportados por Maier, los jurados cordobeses cobran 50 pesos por día de trabajo.

Pero el Dr. Maier no sólo se dedicó a informar la situación actual del juicio por jurados en Córdoba sino que también criticó severamente el funcionamiento del sistema. “Deben estar excluidos (esto está en el proyecto de Yoma) los religiosos, los policías, los funcionarios y los militares; y deben existir motivos de excusación y recusación específicos para los ciudadanos”, aseguró.

Maier acompañó estas críticas con una serie de datos interesantes. “En los cinco años de práctica hay 28 casos en los que se utilizó el sistema, es decir, menos de seis casos por año. En todos los casos están presentes delitos contra la vida”, dijo.

Al cerrar su intervención Maier se refirió al proyecto del senador Yoma y advirtió que los legisladores deben tener paciencia al analizarlo. “Tuvimos que esperar casi doscientos años para que haya iniciativas parlamentarias sobre el juicio por jurados. Me temo que un fracaso de esta iniciativa seria muy perjudicial para todos los que apoyamos la participación ciudadana en el proceso criminal”, sentenció.

El seminario se cerró con las exposiciones del los doctores Julio Federik. José Raúl Heredia y Peter Messitte, juez de Distrito de Maryland en Estados Unidos. Este último utilizó el sistema de video-conferencia para dar cuenta de cómo funciona el sistema en su país.

Los juicios por jurados es uno de los puntos del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 que presentó el Gobierno Nacional la semana pasada y que está dividido en 7 partes (justicia, seguridad, participación cívica y control ciudadano, sistema penitenciario, sistema económico financiero, equipamientos y nuevas tecnologías y sistema político).

Otros de los cambios en la justicia que prevé el plan son la reorganización de la justicia nacional penal en la Capital Federal, mayor autonomía de la justicia porteña, la instauración de un fiscal por barrio de la Capital. Respecto a los jueces prevé una selección y remoción más transparente e introduce una amplia reestructuración del Consejo de la Magistratura. La gran mayoría de estas propuestas deberán pasar por el tratamiento del Congreso de la Nación.



nicolás pizzi
martín angulo / dju

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