El titular de la cartera de Justicia aclaró que ambas propuestas son las reformas "a corto plazo" que planea implementar el gobierno y serán complementadas "a mediano plazo" con "un programa integral para menores" y los juicios por jurados. Así, el ministro tomó distancia de quienes levantan como consigna fundamental la baja de la edad de imputabilidad.
Para Rosatti, no hay que enfocar el problema exclusivamente desde la edad y propuso en cambio, "un enfoque global" que incluya una nueva infraestructura y la creación de equipos interdisciplinarios para tratarlos. "Hay que tener un sistema muy específico, que permita una instancia superadora, de lo contrario podríamos estar generando un delincuente en potencia", explicó el ministro.
La visita de Rosatti sirvió para precisar la posición del gobierno con respecto a la Reforma Judicial, que en una mezcla de anuncios y proyectos había lanzado Béliz y, tras su renuncia, había quedado envuelta en dudas.
El ministro aclaró que el gobierno está especialmente interesado en cuatro propuestas: los juicios sumarísimos para delitos flagrantes, un mecanismo que permite acelerar los procesos cuando los acusados son descubiertos in fraganti; la extensión del programa de protección a testigos e imputados o "ley del arrepentido", que hasta ahora se aplica sólo a casos de narcotráfico, terrorismo y secuestros; la creación de juicios por jurados, con participación de la comunidad y el programa integral para la protección de menores. Este último incluye la eliminación del actual sistema de patronazgo para los niños y adolescentes involucrados en problemas judiciales e implica una reforma a los institutos de menores, que recibieron críticas por gran parte de los legisladores, como Laura Mussa (ARI), Silvia Martínez (PJ) y María Elena Barbagelatta (Partido Socialista.
Con respecto al juicio por jurados, existen proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y está contemplado en la Constitución. La idea fue criticada en la reunión por el socialista Héctor Polino, quien recordó errores cometidos por jurados en Estados Unidos.
Por otra parte, Rosatti advirtió que la Argentina "camina por el filo de la cornisa" frente a los juicios que enfrenta en el extranjero, por parte de las empresas privatizadas.
Durante un encuentro con diputados, Rosatti se lamentó por "la privatización de la jurisdicción argentina" sufrida durante los contratos firmados con las empresas a lo largo de la década del noventa y pidió a los legisladores que colaboren con "la generación de una corriente de opinión" sobre la gravedad de la situación. Para el ministro, que representó a la Argentina en los tribunales del CIADI donde se tramitan los procesos arbitrales, los contratos "complican la calidad del estado soberano de nuestro país".