En la declaración firmada por el presidente del Tribunal, Enrique Petracchi, y los ministros, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Eugenio Zaffaroni, se expresó que ”un grupo que dice pertenecer a un sector de ciudadanos disconformes con el reciente fallo de esta Corte en un juicio vinculado al tema de la pesificiación –y que no son parte en dicho juicio- se han venido dedicando a hacer pintadas insultantes en los frentes de los edificios donde viven algunos de los jueces que emitieron votos en un sentido que no resultó satisfactorio al demandante del caso juzgado”.
Asimismo, insistieron los cortesanos en que ”ya las pintadas insultantes, de por sí, carecían de sentido y racionalidad, pero lo más grave del caso es que no conformes con ello, el día viernes 5 del corriente mes, se dedicaron a agredir físicamente al juez de la Corte doctor Juan Carlos Maqueda y a su señora esposa, que resultó herida, y de no mediar la protección policial que condujo a ambos a la Seccional N° 15, la más cercana al domicilio del juez, no sabemos hasta dónde podría haber llegado dicha agresión”.
Además, agregaron que ”si la agresión verbal –oral o escrita- es repudiable, la agresión física resulta totalmente inadmisible en cualquier tipo de sistema, y mucho más en una democracia como la que venimos disfrutando desde hace dos décadas. En ella el disenso no puede expresarse a través de la barbarie y de la violencia criminales contra bienes y personas, porque el Estado de Derecho no puede admitirlas”.
Por su parte, señalaron que una ”sociedad realmente libre no puede pretender seguir siéndolo si cualquiera de sus sectores puede intimidar y hasta dañar físicamente a sus jueces o a sus familiares cuando no esté de acuerdo con sus eventuales fallos, porque no hay sociedad libre si sus jueces no lo son para juzgar”. ”En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen a su disposición todos los canales para la expresión de sus diferencias y discusiones que les garantiza el Estado de Derecho, aunque para esto deban aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismo han avalado” recordaron.
Por otra parte, entendieron que ”si bien el Estado de Derecho no limita las discusiones y los diferendos civilizados entre ciudadanos, debe establecer una prohibición justa de ciertos actos y normar esas discusiones, que obviamente excluyen toda violencia y la agresión física, incompatibles con cualquier horizonte democrático, porque quiebran la continuidad del orden legal que exige disensos razonables como principio racional de convivencia”.
No obstante, los ahorristas que suelen hacer su incursión por el Palacio los días de Acuerdos de la Corte, hoy no se hicieron presentes. Consultado por Diariojudicial.com, Fabián Bergenfeld expresó que ”ello se debió a que nos encuentra preparando un acto que tendrá lugar el 10 de este mes a partir de las 18 horas frente al Palacio de Justicia, en el cual se anunciarán cuál es el curso de acción que van a adoptar, no solo los ahorristas bancarios, sino además todos los sectores de ciudadanos y trabajadores confiscados en forma discriminatoria por el gobierno nacional en su espíritu por privilegiar exclusivamente a los bancos, a las grandes corporaciones y al FMI”.
Asimismo, el presidente de la Asociación Civil Defensa Ciudadana arremetió contra la declaración hecha en el día de hoy por la Corte, manifestando que ”los que estamos participando de todo este conflicto hemos canalizado a través de la justicia todas las acciones, y estamos en contra de manifestaciones violentas y de cualquier tipo de agresión, por lo cual continuaremos accionando”.
En el caso concreto de los ministros de la Corte argumentó Bergenfeld que ”han incurrido en un flagrante mal desempeño, como alguno de los que han votado en el caso “Bustos”. Vamos a hacerles extensivas las demandas por daños y perjuicios por la responsabilidad que les cabe como funcionarios públicos. De manera tal que las demandas a instaurarse contra los bancos, sus casas matrices y el Estado Nacional también serán extensivas contra varios de los ministros que, como Maqueda, quien votó la ley de intangibilidad de los depósitos y la ley de emergencia, y fue designado por un presidente provisional sin haber ejercido jamás como juez ha votado convalidando todos los decretos y transformándose mas que en la victima en la que quiere asemejarse por este incidente, en un auténtico victimario de las instituciones de la República.
Concluye el abogado diciendo que ”en definitiva, así como el caso de Maqueda, está siendo analizada y será materia de reclamo judicial toda aquella conducta contraria a derecho y al espíritu de la Constitución Nacional que haya atentado y continúe afectando a las instituciones de nuestro país”.