El proyecto ya tiene media sanción del Senado, que lo aprobó el pasado 21 de diciembre, y el objetivo oficialista era aprobarlo en Diputados esta semana. Sin embargo, como el proyecto no tenía dictamen de comisión de la cámara baja, se necesitaban dos tercios de los diputados presentes en el recinto para habilitar el debate; número que el oficialismo no logró reunir.
Así, y ante el cierre de las sesiones extraordinarias de este año, la iniciativa pasa para febrero del año que viene.
Para allanar el camino numérico, al cierre de esta edición la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se disponía a emitir un dictamen favorable a la iniciativa, luego de haber escuchado la opinión de ONG y asociaciones de abogados; algo que también ocurrió en el Senado pero que no hizo mella para modificar la iniciativa.
El encuentro que se realizó este martes reunió a todo el arco opositor al gobierno. Entre todos los presentes, que colmaron el salón 1 del edificio anexo de Diputados, había cerca de 50 personas entre diputados nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, representantes de ONG y abogados. Estuvieron los diputados Elisa Carrió (ARI), Mauricio Macri (PRO), Fernando Chironi (jefe del bloque de la UCR), Hermes Binner (socialista), Claudio Lozano (CTA); también Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich. Además, de Carlos Andreucci, presidente de la FACA, Horacio Acebedo, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Lucio Ibáñez del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y representantes de ONG como Poder Ciudadano, CIPPEC e INECIP.
La reunión comenzó con la lectura por parte de Chironi de un documento firmado por los presidentes de los bloques.
“Mas allá de nuestras claras diferencias políticas y en cumplimiento de los deberes de control conferidos también por el voto ciudadano rechazamos en forma absoluta los métodos, prácticas y contenidos que, avasallando las instituciones republicanas básicas, pretenden entregar y manipular la Justicia a través del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura sancionado por el Senado de la Nación” dice uno de los párrafos del breve documento, dejando en claro que no los une el amor sino el espanto ante el proyecto.
Luego hablaron varios de los presentes. Los legisladores, con un discurso más político, y los abogados y ONG, con uno más jurídico, se refirieron a la hegemonía y control de poder que busca el proyecto.
Macri afirmó que la reforma “atenta seriamente contra la justicia” y dijo que “haremos todo lo posible para evitar que avance”. Carrió se refirió al esfuerzo que se realizó en 1998, cuando se aprobó la actual ley del Consejo, para que no sea dominado por la política y fustigó a Cristina Fernández de Kirchner, impulsora del proyecto, recordando que la senadora cuando era diputada, opinaba en esa época que el proyecto que impulsaba el Senado era “fascista y hegemónico”.
Por su parte Binner criticó la forma en que el Gobierno quería aprobar el proyecto, tratándolo sobre tablas, y su contenido. El consejero Federico Storani afirmó que de avanzar la iniciativa los miembros del cuerpo judicial “serían figuras decorativas frente a los cinco miembros del oficialismo”.
La iniciativa pretende realizar una amplia reforma al funcionamiento del Consejo. Entre ellas la modificación más resistida es reducir los actuales 20 miembros del cuerpo a 13.
Así, el organismo judicial quedaría integrado por 6 legisladores nacionales (4 de la mayoría y dos de la minoría y se eliminarían las segundas minorías que forman parte del Consejo), 3 jueces (hoy son 4 y queda afuera el Presidente de la Corte Suprema), dos abogados (se reduce a la mitad su número actual), un académico (actualmente son dos) y un representantes del Poder Ejecutivo (este se mantiene).
Los críticos alegan que la nueva composición es inconstitucional ya que no respeta el equilibrio que pide el artículo 114 de la Constitución para integrar el Consejo.
Ven que con esta composición el gobierno de turno podría bloquear cualquier decisión ya que contaría con cinco consejeros (dos diputados, dos senadores y el representante del Poder Ejecutivo) sobre 13. Para acusar a un juez o confeccionar la terna de candidatos a jueces se requiere el voto de las dos terceras partes de los consejeros.
Como informó ayer DiarioJudicial.com la mecánica parlamentaria podría hacer que el proyecto regrese a Senadores y allí sancionarse definitivamente.
Como advirtió la consejera y diputada del ARI Marcela Rodríguez eso podría ocurrir si los diputados oficialistas no logran los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto que viene del Senado; pero si otro bloque de diputados presenta un dictamen de minoría este podría ser apoyado por el oficialismo y así conseguir los votos necesarios. De esta forma el proyecto original se verá modificado por lo que debe volver a la cámara de origen, el Senado. Allí, el oficialismo cuenta con las dos terceras partes necesarias para aprobar el proyecto original.