Las acusaciones pendiente en el consejo
Este jueves en su primer plenario del año el Consejo de la Magistratura postergó, a pedido del senador Nicolás Fernández, para su próxima reunión, el 2 de marzo, el pedido de juicio político contra Caro quien está acusado por diversas irregularidades en la instrucción del asesinato del soldado Omar Carrasco, encontrado sin vida el 6 de abril de 1994 en el regimiento de Zapala, donde cumplía el servicio militar.
Las acusaciones contra Caro son por haber cedido la competencia en la jurisdicción toda vez que se siguió una investigación paralela del Ejército, por la pérdida de pruebas por incompetencia y por gravísimas dilaciones en la toma de las testimoniales de dos testigos. Los consejeros deberán votar por dos dictámenes: uno de mayoría que pide el Jury y el de minoría que rechaza las acusaciones.
El tema ya formó parte del orden del día del último plenario del Consejo, el 15 de diciembre pasado, pero se suspendió su tratamiento a pedido de los nuevos consejeros legisladores que habían asumido ese mismo día y que, por la gravedad social de lo que fue el caso Carrasco, querían leer la acusación. Los mismos motivos esgrimió Fernández para solicitar una nueva postergación que el pleno del cuerpo aprobó.
Otra acusación que seguramente será tratada el 2 de marzo es la del juez Liporace. Se lo acusa por irregularidades en tres causas: el trafico de drogas a España a través de la línea aérea Southern Winds, por haber beneficiado presuntamente a la curtiembre Yoma al disponer el pago de 8,5 millones de pesos por reintegros impositivos y, en la causa Garantía Cía. Argentina de Seguros S.A., por haber omitido el dictado de la prisión preventiva de una persona cuando lo procesó, pero sí haberlo hecho casi un año después del pedido de la fiscal con los mismos elementos con los que se contaban en la causa al momento de dictar el procesamiento de esa persona.
Si las acusaciones contra Caro y Liporace prosperan ambos jueces quedarán suspendidos en sus funciones y se les iniciará juicio político para determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
Los juicios en marcha
Este jueves comenzó el juicio político contra Fariz quien fue suspendido en su cargo de juez federal de Reconquista el pasado 8 de noviembre por el Consejo cuando aprobó su acusación a partir de tres denuncias, una de ellas del gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato. Fariz está acusado de maltratar a los empleados del juzgado, violar los reglamentos de ascensos del personal, mala tramitación de causas de tráfico de drogas y contrabando y de otorgar un trato desigual a los abogados a favor de aquellos que integraran su estudio.
En el primer día del juicio, y luego de escuchar las acusaciones en su contra, Fariz se negó a declarar y dijo que lo hará más adelante. El primer testigo en declarar fue el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Domingo Pocchetino, quien relató los pormenores de una reunión que mantuvo con los empleados del juzgado de Faris quienes le manifestaron el temor que tenían hacia el juez por las permanentes agresiones que tenía hacia ellos.
Las audiencias de testigos, declararan 56 personas, una de ellas por escrito, se extenderán hasta el 17 de febrero. Este es el primer juicio que tiene como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento a la juez de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El tribunal tiene tiempo hasta el 7 de marzo para dictar sentencia en virtud de los 180 días que le otorga el reglamento para hacerlo desde que se aprobó la acusación.
Una semana después del juicio a Fariz comenzará el de los camaristas chaqueños Fernández y Inda quienes están acusados de liberar a 11 represores, detenidos por crímenes de lesa humanidad, por su participación en la masacre de Margarita Belén durante la última dictadura militar, utilizando un habeas corpus por el cual declararon incompetente al juez de la causa Carlos Skidelsky. La masacre de Margarita Belén ocurrió en diciembre de 1976 cuando 22 presos políticos fueron asesinados luego de ser torturados.
Cuando la acusación fue aprobada por el Consejo, el 13 de octubre de 2005, Beinusz Szmukler, le explicó a DiarioJudicial.com que “los camaristas resolvieron el fondo del asunto de la competencia en el habeas corpus y dispusieron la libertad cuando lo que correspondía, si hubiera habido un conflicto de competencia, era: mandar la causa con los presos al tribunal que la cámara consideraba que era competente y no liberarlos”.
Quienes sostendrán ante el Jurado la acusación contra Fernández y Inda son los consejeros Szmukler y Marcela Rodríguez; el mismo Szmukler y Luis Pereira Duarte hacen lo propio en el juicio a Fariz.