Lluvia de críticas al manejo de la Justicia en Neuquén

La Justicia de Neuquén volvió a ser noticia esta semana por la extraña rapidez con que se siguen cubriendo los cargos de jueces y fiscales provinciales. En todos los casos, las denuncias apuntan a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, encargados de seleccionar a los nuevos magistrados hasta que se ponga en funciones el flamante Consejo de la Magistratura, incluido en la nueva Constitución. Cansados de tantas irregularidades, los miembros de la Asociación de Magistrados decidieron retirarse del proceso y cuestionaron la legalidad de los próximos nombramientos.

Con el actual sistema, en apenas dos años, el TSJ produjo una formidable renovación del Poder Judicial designando un total de 51 magistrados y funcionarios.

Esta vez, con una urgencia inexplicable, los miembros del TSJ designaron a diez nuevos magistrados y funcionarios en apenas cuatro horas. Muchos de los nombramientos son polémicos porque cayeron en manos de abogados sin antecedentes o con estrechos vínculos con el gobierno de Sobisch. Y, además, porque son puestos claves de la Justicia, con varias causas sensibles para el ejecutivo provincial.

También llamó la atención, en este caso, el método utilizado. Según cuentan, el plazo para anotarse venció el lunes a las 9 de la mañana, y a esa misma hora empezaba la reunión del Consejo Asesor para elegir a los ganadores. Cuatro horas más tarde, ya estaba todo decidido. Entre las nuevas designaciones se destacaron la del cuestionado Jorge Criado (actual fiscal adjunto de Junín de los Andes), quien se hará cargo del Juzgado de Instrucción Nº 6, y la de Diego Alonso, que ingresará a la Cámara de Apelaciones, encargada de revisar la actuación de todos los jueces de primera instancia de la provincia.

La Asociación de Magistrados neuquina no participó de estos concursos y puso en duda la “legalidad” de los nuevos nombramientos. “Debemos un mínimo respeto a la voluntad general plasmada en la nueva Constitución, evitando sorprender a nuestros conciudadanos con una masiva designación de nuevos magistrados y funcionarios por el sistema previsto en el texto ahora variado”, expresó la entidad que conducen Enrique Videla Sánchez y Miguel Valero.

Por su parte, el Tribunal Superior justificó el apuro para cubrir las vacantes. En un comunicado, afirmó que procura “evitar que circunstancias ajenas al Poder Judicial resientan el normal y correcto funcionamiento del servicio de justicia”.

El conflicto que vive la Justicia de Neuquén no se termina ahí. Hace pocos días, la fiscal adjunta Cristina Beute, que destapó varios casos de corrupción, tuvo que renunciar. Dio un portazo denunciando “presiones”, maltrato y “objetivos espurios y antidemocráticos”.

Beute trabajó hasta su dimisión en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública junto al fiscal Pedro Telleriarte, Miriam Pazos, Raúl Caferra y Mauricio Zabala. El trabajo de ese equipo logró desnudar casos de corrupción escandalosos y avanzó sobre otros supuestos ilícitos que salpicaban al gobernador Jorge Sobisch y a varios de sus ministros. Luego, sus integrantes fueron expulsados a otras dependencias y reemplazados por jóvenes inexpertos.

Convocatoria neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, una organización integrada por abogados, miembros del Poder Judicial y periodistas neuquinos, expresó su solidaridad con Cristina Beute y su más enérgico repudio “a la política de persecución y prebendas que lleva adelante la estructura judicial comandada por el Tribunal Superior de Justicia”.

Según denunció esa organización, en los últimos tiempos “ingresaron al Poder Judicial -a través de concursos amañados y oscuros- funcionarios sin antecedentes en cargos clave; frescos egresados de abogacía ocuparon fiscalías; hombres y mujeres de dudosa capacidad llenaron casilleros de la eterna plantilla de cargos que pergeñó la conducción del TSJ”. Así de trágica parece ser la actualidad de la justicia neuquina.

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