En una audiencia solicitada por la propia gobernación de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se interiorizó este lunes sobre la situación de los presos alojados en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por Horacio Verbitsky, la Comisión Provincial por la Memoria, por Alejandro Mosquera y el fiscal federal Hugo Cañón, y el mismo gobierno bonaerense, dieron sus respectivos informes ante las autoridades de la CIDH en la sede de Washington, Estados Unidos.
El CELS, que en mayo del año pasado obtuvo
un fallo favorable de la Corte Suprema –a través de un habeas corpus colectivo- por la situación de hacinamiento en cárceles y comisarías bonaerenses, reclamó nuevamente que las autoridades provinciales “cumplan con las obligaciones planteadas en el fallo”.
Entre otras cosas, la sentencia del máximo tribunal ordenó que “se haga cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante”, exhortó “a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales”, algo en lo que se está avanzando, y solicitó a los jueces provinciales que revisen las condiciones de las personas detenidas a fin de evaluar si correspondía aplicarles medidas menos lesivas de libertad.
Según un informe elaborado por el CELS en febrero de este año,
más del 80% de las personas privadas de libertad en la provincia (29.170 según datos oficiales) no tiene condena judicial firme. Además, uno de cada seis presos se encuentra en dependencias policiales no aptas para el alojamiento de detenidos, lo que distrae la atención de la policía.
“Si bien los detenidos en comisarías se redujeron a partir del fallo de la Corte, el hacinamiento se agravó en algunos departamentos como Morón, La Plata, San Martín y Dolores”, asegura el CELS.
Asimismo,
a diez meses del fallo de la Corte, las situaciones de violencia en cárceles y comisarías siguen aumentando, según ese mismo informe. Sólo en los últimos 3 años,
se triplicó la cantidad de personas muertas de manera violenta en unidades del Servicio Penitenciario bonaerense.
Ante semejantes datos, el gobierno de Felipe Solá no tuvo más que reconocer la gravedad de la situación, aunque destacó
el abuso en la política de encarcelamiento de los últimos años, vinculado a las políticas de “mando dura” y al ex gobernador Carlos Ruckauf. Pese a los avances logrados en materia legislativa (aún deber ser sancionados varios proyectos), el Ejecutivo provincial
solicitó cooperación técnica de la CIDH.
El ministro de Justicia bonaerense Eduardo Di Rocco fue el encargado de exponer ante la CIDH, ocasión en la que
defendió las iniciativas de su gestión para superar los serios problemas de hacinamiento y maltrato de detenidos. En su discurso, el funcionario realizó una evaluación acerca de la forma en que se encontraban las cárceles antes de asumir y los lineamientos adoptados en esa materia. Y puso el énfasis en la superpoblación.
“La población carcelaria sufrió un incremento desde hace seis años, que no tuvo relación de proporcionalidad alguna con el aumento demográfico ni con el índice delictivo en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Di Rocco. Al respecto, el informe del Gobierno bonaerense precisó que la provincia de Buenos Aires tiene
una tasa de encarcelamiento de 217 personas por cada 100 mil habitantes, mientras en el resto del país la cifra es de 133 por cada 100 mil.
En cuanto a las acciones para modificar la situación, el ministro enumeró varias iniciativas legislativas, algunas ya sancionadas, como la repotenciación del Instituto del Hábeas Corpus, la aplicación de instancias orales en la discusión en torno a la prisión preventiva, la modificación del sistema de nulidades procesales y la instauración de mecanismos de resolución rápida de procesos especiales, como el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba, el procedimiento en caso de flagrancia y la ley de cupos.
dju / dju
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