La suspensión es por 180 días, plazo en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá decidir si destituye o reincorpora a Liporace en su cargo. Los consejeros aprobaron este jueces un dictamen unificado de las tres acusaciones contra el magistrado. Los votos a favor provinieron de los abogados Beinusz Szmukler, Luis Pereira Duarte, Eduardo Orio y Lino Palacio; de los jueces Bindo Caviglione Fraga, Abel Cornejo, Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola; de los legisladores Marcela Rodríguez, Federico Storani, Ricardo Gomez Diez y Carlos Kunkel; los académicos Juan Carlos Gemignani y Humberto Quiroga Lavié; y el representante del Poder Ejecutivo Joaquín Da Rocha. Mientras que los senadores Norberto Mazzoni y Nicolás Fernández se abstuvieron de votar por no haber podido leer el dictamen acusatorio.
El Consejo acusa a Liporace por mal desempeño en la instrucción de tres causas que tuvo a su cargo como titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 4: el tráfico de drogas a España a través de la empresa aérea Southern Winds, el reintegro de 8,5 millones de pesos en concepto de impuestos a la curtiembre Yoma S.A y por irregularidades en el dictado de una prisión preventiva.
En las tres causas Liporace fue denunciado ante el Consejo por sus superiores de la Cámara en lo Penal Económico. En la de Southern Winds, de la que el juez fue apartado, se lo acusa de dilación intencionada del trámite de la causa, falta de vigilancia sobre las actuaciones (fuga de información), entorpecimiento deliberado de la pesquisa, faltar a la verdad deliberadamente, apartamiento consciente del derecho, violación del deber de imparcialidad y afectación del derecho de defensa en juicio y de la consecución del debido proceso.
En la causa de la Curtiembre Yoma, se investigó a Liporace por haber beneficiado presuntamente a la empresa al disponer el pago de 8,5 millones de pesos por reintegros impositivos. Según esta acusación, el juez “intencionalmente ha hecho un ejercicio abusivo y desviado de los poderes que ostenta en virtud de su cargo, para favorecer a una de las partes” y agrega que, si eso no fuera así, “se ha acreditado su manifiesto desconocimiento del derecho vigente, tanto sustantivo como adjetivo y su falta de capacidad intelectual para ser juez de instrucción en lo Penal Económico”.
La tercera causa es Garantía Cía. Argentina de Seguros S.A. En la reunión en la que la Comisión de Acusación del Consejo aprobó las acusaciones, el 27 de septiembre pasado, la instructora de este expediente, Rodríguez, señaló que se detectaron una serie de irregularidades que por si solas no configurarían mal desempeño pero que en su conjunto sí ameritan la remoción de Liporace.
Entre esas irregularidades se encuentra haber omitido el dictado de la prisión preventiva de una persona cuando lo procesó, pero sí haberlo hecho casi un año después del pedido de la fiscal con los mismos elementos con los que se contaban en la causa al momento de dictar el procesamiento de esa persona.
Este miércoles Liporace presentó en el Consejo un escrito en el que, entre otros pedidos, solicitó declarar nuevamente en la Comisión de Acusación. La razón de la solicitud es porque cuando hizo su descargo la composición de esa comisión era distinta a la actual (en diciembre asumieron cinco nuevos consejeros; cuatro de ellos en esa comisión). Pero el pedido fue rechazado por el plenario.
Quienes sostendrán las acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento serán los consejeros Rodríguez y Storani.