La apelación se tramita ante la Sala III del fuero (aunque oficialmente todavía no fue comunicada del recurso) por el principio de prevención, ya que anteriormente había intervenido en los amparos que se presentaron contra la reforma al Consejo.
La AABA presentó el 9 de marzo pasado un amparo contra la Ley 26.080 que reformó el Consejo. La entidad entiende que la reforma es inconstitucional porque la reducción de 20 a 13 de los mienbros del cuerpo judicial viola el artículo 114 de la Carta Magna que manda a integrar el Consejo con “equilibrio” entre sus partes (abogados, jueces, académicos y representantes políticos).
La nueva ley entrará en vigencia en noviembre próximo; en octubre los jueces y abogados elegirán a sus nuevos representantes. De los 13 miembros, siste pertenecerán al sector político: 3 diputados y senadores (dos por la primera mayoría parlamentaria, el kirchnerismo, y uno por la primera minoría, el radicalismo) y un representante del Poder Ejecutivo. Del sector político no habrá más representación de la segunda minoría parlamentaria. Al resto de los estamentos se les reduce sus miembros: los abogados pasan de 4 a 2, los jueces de 4 a 3, los académicos de 2 a 1, y también se elimina al presidente de la Corte Suprema de la Nación.
Tanto entidades de abogados, como ONG y partidos de la oposición criticaron la fuerte incidencia que va a tener el oficialismo en el nuevo Consejo. Esto es porque sólo el oficialismo no verá reducida su participación en el cuerpo.
La juez Do Pico rechazó el viernes último el amparo y dijo que el equilibrio que pide la Constitución no es igualdad de representaciones. Do Pico entendió que "los representantes de los órganos políticos elegidos por voluntad popular no forman una voluntad unívoca o monolítica" y agregó que "el representante del Poder Ejecutivo, sumado a los representantes de la mayoría parlamentaria –o de la minoría según corresponda-, nunca contarían con un número suficiente como para decidir sin consenso dentro del plenario del Consejo".
“A pesar de las piruetas verbales del Ejecutivo aceptadas por la juez, cualquier argentino ve claramente que la intención es dominar la Justicia. Menem agrandó la Corte para crear la mayoría automática, y ahora se achica la Magistratura con el mismo fin. Si se aplica esta norma, todos los jueces sabrían que el Gobierno de turno los puede proteger o echar a voluntad. Parece que ese temor ya les domina, sólo así se entiende que aún no reconocieron su inconstitucionalidad”, señaló a través de un comunicado el presidente de la AABA, Horacio Acebedo.
En relación al tema central de la discusión, si la reforma respeta o no el equilibrio, la AABA apeló al diccionario enciclopédico Salvat que dice: “equilibrio: Estado mecánico de un cuerpo cuando está sometido a dos o más fuerzas que igualan sus acciones y cuya resultante es nula”. Con esa definición Acebedo arremetió y dijo que “dos chicos de jardín de infantes jugando en un sube y baja ya saben cuál es la verdad”, frase que utilizaron en la apelación.
“Esperamos que los jueces superiores estén a la altura de sus responsabilidades e impidan la rendición final de la Justicia, para no pasar a la historia junto con la juez Clara Do Pico como los que enterraron definitivamente el Poder Judicial.”, dijo el presidente de la AABA y denunció que el Gobierno nacional dilata las cosas para que el tema no llegue a la Corte antes que la reforma entre en vigencia.
"Estando convocadas las elecciones de consejeros jueces y abogados para el 3 y 10 de octubre, es evidente que la táctica del Gobierno es evitar que la Corte Suprema intervenga antes de que nos encontremos frente a hechos consumados, y en ese sentido estamos trabajando arduamente", señaló Acebedo.