Se trata del segundo juez federal de Tucumán, Jorge Parache, y de Reinaldo Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe.
Terán fue destituido este miércoles por 6 votos a 3 por el Jurado de Enjuiciamiento que consideró probado que el ahora ex juez “incurrió en mal desempeño por su actuación por el diferendo de pago de títulos de la deuda pública”. Los integrantes del Jurado que se manifestaron por la remoción afirmaron que Terán uso “su poder jurisdiccional en beneficio de los demandantes” y tuvo un “explícito designio de imparcialidad”.
La causa de Terán llegó a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que investiga las denuncias contra los jueces por mal desempeño, junto a la de Parache. La Procuración del Tesoro de la Nación auditó cerca de 80 expedientes en los juzgados de Terán y Parache por supuestos irregularidades en el dictado de medidas cautelares en donde no se aplicó las normativas pesificadoras sobre bonos de la deuda pública.
Parache fue citado por la Comisión para que declare este jueves por el artículo 9 de su reglamento, similar a una declaración indagatoria, pero no se presentó. Ahora el instructor de la denuncia, el senador del Frente para la Victoria de Santa Cruz, Nicolás Fernández, deberá decidir si vuelve a citar a Parache o avanza con la denuncia, pidiendo su juicio político, o le propone a la Comisión el archivo del expediente.
Similar es el caso de Rodríguez. “La acusación es por bonos postdefault comprados el día anterior a presentar el amparo en el año 2004. Son amparistas de extraña jurisdicción, la mayoría son de Capital Federal o Lomas de Zamora, y abogados de extraña jurisdicción con estudio jurídico en Lomas de Zamora. Es igual que el caso de Terán”, le explicó a Diariojudicial.com Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria, quien lleva adelante el expediente contra Rodríguez.
El juez habría actuado ante la presentación de cerca de 15 amparos por “8 millones de pesos”, señaló Conti. Rodríguez fue citado a declarar pero no se presentó, lo hizo también por escrito. Luego fueron citados los amparistas y sus abogados. “Uno sólo se presentó pero no quizo declarar. El resto declaró por escrito diciendo que como eran imputados en la causa penal relacionada con el tema, que lleva adelante el otro juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, no declaraban para no hacerlo contra sí mismo”, afirmó la diputada.
Ahora Rodríguez será informado de las nuevas actuaciones entre las que se encuentra un nuevo dato que aportó su propio curriculum. “Abrimos su declaración jurada y vimos en su curriculum que el juez Rodríguez proviene de la Universidad de Lomas de Zamora, la misma donde estudiaron los abogados de los amparistas”, dijo Conti.
Luego la consejera, al igual que su par Fernández, quedará en condiciones de decidir si avanza con el pedido de juicio político o pide el archivo de la denuncia.