El entuerto tuvo lugar cuando el actor, quien se desempeñaba como principal en la Policía, trató de evitar el robo de un comercio en el que se encontraba, que estaba fuera de servicio. Al presentarse como policía fue baleado por los delincuentes y quedó gravemente herido.
De las lesiones producidas por las armas de fuego, el agente quedó parapléjico con una discapacidad del 100% de la total obrera. La Policía Federal decidió darle el retiro obligatorio y lo ascendió dos grados hasta la jerarquía de comisario inspector, ya que consideraron que el hecho ocurrió como consecuencia del cumplimiento de su deber.
El oficial de la Policía, no contento con los beneficios previsionales otorgados, inició acciones judiciales a fin de obtener la reparación plena de los daños sufridos en su cuerpo por la balacera.
El juez de primera instancia, analizando la totalidad de las pruebas aportadas en el expediente caratulado ”Vuono Antonio Alfredo c/ Policía Federal Argentina y otro s/ daños y perjuicios”, consideró que el agente era merecedor de una indemnización de $ 247.000 compuesta de los rubros pérdida de chance, incapacidad y daño psicológico.
Esta decisión fue recurrida por la demandada ante la Cámara, agraviándose de que haya prosperado la demanda y los rubros indemnizatorios antes mencionados. Criticó la imposición de los intereses y el monto por pérdida de chance pues entendió que era elevado.
El expediente fue remitido a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, integrado por los jueces María Najurieta, Martín Farell y Francisco de las Carreras.
La primera camarista mencionada fue la preopinante y consideró que la sentencia de primera instancia debía mantenerse. Para fundar esta postura se refirió al mantenimiento de la doctrina del precedente ”Mengual” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia de diciembre último en los autos caratulados “Amarante Juan José c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa”.
Afirmó que en aquellos expedientes el Alto Tribunal de la Nación consideró que el otorgamiento de un beneficio previsional no excluye la posibilidad de obtener una reparación integral del derecho común, toda vez que lo previsional y lo indemnizatorio tienen finalidades diferentes y no se obstaculizan mutuamente.
En cambio los otros dos camaristas tuvieron una opinión completamente contraria. Entendieron que la Corte nunca se había apartado del precedente “Azzetti”, en el cual se consigna una doctrina opuesta a la formulada por la preopinante.
Así, señalaron que los precedentes nuevos citados por su colega se refieren a los agentes de las Fuerzas Armadas y no a los agentes de la Policía, por lo que corresponde suponer que para dicho grupo continúa la doctrina que establece que la obtención del beneficio previsional impide el reclamo de una indemnización.
Esta última posición fue sustentada por los camaristas Martín Farell y Francisco de las Carreras, quienes constituyeron por sí mismos la mayoría de los miembros de la Sala.
Por ello, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó la demanda interpuesta por el agente policial parapléjico, imponiéndole las costas de ambas instancias a la actora por ser la parte vencida en el litigio.