La iniciativa insta a una comisión integrada por representantes de todos los ámbitos judiciales de la Provincia a realizar “un profundo estudio del Mapa Judicial bonaerense” para “proponer las modificaciones que estime necesarias en el ordenamiento territorial del Poder Judicial, para hacer efectivo el postulado de igualitario acceso a la justicia y dar celeridad al funcionamiento de la administración de justicia”.
La comisión realizará un análisis de las relaciones de población, superficie, densidad, litigiosidad, distancia desde la sede y condiciones del servicio y tendrá facultades para programar sus actividades y planes de trabajo, dictar su propio reglamento y requerir informes, así como adoptar medidas adecuadas a los fines de su creación.
Estará integrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general, un representante del Ministerio de Justicia, dos senadores y dos diputados, dos representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, dos del Colegio de Abogados y dos del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez la coordinación de la Comisión de Estudio para la Reforma del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tal su nombre completo, estará en manos de un representante del Ministerio de Justicia y su sede será la Legislatura bonaerense. Si la Cámara de Diputados ratifica lo aprobado por el Senado, la Comisión tendrá 120 días desde de su puesta en funcionamiento para presentar el nuevo Mapa Judicial.
El proyecto ya recibió la primera crítica. El Colegio de Abogados de la Provincia sostuvo que la iniciativa no contribuirá a mejorar la Justicia. La entidad señaló que las reformas que se pretenden “en nada contribuyen a la mejor prestación del servicio de justicia a los ciudadanos y solamente aumentan la estructura burocrática del Poder Judicial, en un aspecto que poco aporta a la resolución de las causas”.
Los abogados, que se mostraron molestos por no haber sido consultados sobre la iniciativa, apuntaron a una mayor dotación de recursos. “De llevarse adelante esa clase de proyectos, se arribaría a un verdadero contrasentido respecto de un tema remanido y carente hasta ahora de solución: la mejoría de las actuales estructuras dotándolas de recursos edilicios, técnicos y humanos en consonancia con las nuevas exigencias de la población, que reiteradamente se reclama y nunca se concreta por motivos presupuestarios.”
El Colegio opinó que se deberían desestimar las “iniciativas faltas de razonabilidad y consenso de todos los sectores interesados, y siempre dentro de un proyecto integral, abarcativo de todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que resuelva, muy especialmente, el problema presupuestario del Poder Judicial.”
Los autores de la iniciativa, los senadores del Frente para la Victoria Mónica Litza y José Eseverri, entendieron que la gran cantidad de proyectos para crear nuevos juzgados, dependencias judiciales y cargos (tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público), “demuestran que las estructuras de justicia han quedado superadas por el crecimiento demográfico, productivo, comercial, industrial y cultural; requiriendo mayor cantidad de órganos judiciales para atender una litigiosidad en crecimiento”.
En ese marco, afirmaron que “es menester realizar un profundo estudio del Mapa Judicial Bonaerense en toda su dimensión, investigando las relaciones de población, superficie, densidad, litigiosidad, distancias desde la sede, condiciones del servicio, etc., procurando encontrar respuestas a la urgente solución de los problemas que se comprueben”.