Lo problemático del país que preside Hu Jintao, según este estudio, es que la pena de muerte es secreto de Estado, lo que alarma a la ONG teniendo en cuenta que allí se realizaron al menos 470 ejecuciones.
El informe de AI titulado Condenas a muerte y ejecuciones en 2007, calcula que hasta ahora 27.500 personas en el mundo se encuentran condenadas a la pena de muerte. Durante ese año 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y otras 3.347 fueron condenadas a la pena capital en 51 estados.
La ONG manifestó que "quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir". Desde 1990 esa es la tendencia que el derecho internacional intenta marcar, en consecuencia se logró que más de 135 países hayan abolido la pena capital. Entre ellos Angola, Sudáfrica, Paraguay, Camboya, Hong Kong Azerbaiyán, España, Grecia, Polonia y Nueva Zelanda, entre otros.
En esa línea, las Naciones Unidas aprobó la declaración de apoyo internacional a suspender la aplicación de la pena de muerte en todo el mundo, su secretario general Ban Ki-moon, procedente de Corea del Sur donde es legal la pnea capital, sostuvo que tal decisión debe ser una elección de cada país. No obstante la votación no tenía carácter vinculante ni obligatorio para la reforma de las legislaciones, cinco países se abstuvieron de participar del plebiscito.
La ejecución autorizada por el Estado es legal también en Estados Unidos, Rusia, China y gran parte de los países de Medio Oriente. En consonancia con este panorama el informe de AI, posiciona a Irán, Arabia Saudita y Pakistán como los Estados en que han aumentado las muertes por tales penas.
Cabe remarcar que respecto a los menores de edad y pese al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño que eliminan la pena de muerte para este grupo etáreo, el informe también denuncia que en Irán, Arabia Saudita y Yemen se condenó a la pena capital a menores de 18 años que cometieron delitos.
En Argentina tanto la Constitución Nacional como los tratados suscriptos e incorporados a la Carta Magna, prohíben la pena de muerte. El art. 18 de la Constitución Nacional abolió "para siempre" la pena de muerte por causas políticas y el artículo 75 le otorgó jerjarquía constitucional a los tratados internacionales entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica que contempla esta prohibición. A su vez, el Código Penal sancionado por ley 11.179, la eliminó como condena ya que entre otras razones, encuentra el carácter irreparable e inaceptable frente a la incertidumbre de acierto en el juez y la imposibilidad de determinar si un delincuente puede ser considerado incorregible.