El magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, tiene a su cargo la causa “RIVEROS, Santiago Omar y otros S/ privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc” en la que el ex comisario está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Según el fiscal, “ante este tipo de situaciones, la ley 25.320 establece que el juez interviniente tiene que pedir el desafuero a la cámara legislativa” quien está facultada para desaforar aun más, a un diputado que no asumió su banca.
“La inmunidad de arresto no es un privilegio que contemple al individuo sino a las instituciones y al adecuado desempeño de los poderes del Estado, ya que dicha inmunidad no es de carácter tuitivo sino que protege a la institución y la función legislativa” arguye Sica en la solicitud presentada, destacando que la medida no se relaciona con “una cuestión personal”.
El representante del Ministerio Público sostuvo además que la Cámara de Diputados no buscó desaforar a Patti en su debido momento y en cambio instaló el caso a nivel judicial. Sin embargo, el resultado se podía preveer teniendo en cuenta la decisión de la Corte durante el 2007 respecto a Antonio Domingo Bussi.
De la misma manera la Cámara de Diputados le negó a Bussi el ingreso a su banca por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la dictadura de 1976, por los que se encuentra procesado en más de 60 casos de desapariciones y torturas. Actualmente está detenido.
En aquél fallo, el Máximo Tribunal explicó que “los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las mayorías.” Por lo tanto la decisión en tal momento resultó abstracta para Bussi para quien su mandato había finalizado, pero concreta para Patti.
Por otro lado, este jueves la defensa de Patti solicitó a la Corte Suprema que librara un oficio “para ordenarle al Presidente de la Cámara de Diputados que le tomara juramento”, pedido que fue rechazado por el Máximo Tribunal. Por su parte, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, manifestó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia de habilitar al ex subcomisario "no se puede cumplir" porque "hay un conflicto de poderes y en este caso el Poder Legislativo tiene algo de poder jurisdiccional cuando cuestiona la ética, la honorabilidad o las condiciones del legislador para incorporarse como tal a la Cámara de Diputados."
También enfatizó en el hecho de que, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional, las cámaras legislativas son “juezas de sus propios títulos", y que el Máximo Tribunal con su fallo, “cuestiona esta parte de la Constitución o de la decisión que pueda tomar la Cámara de Diputados".