El presidente de la Academia, Luis Moisset de Espanés, explicó a Diariojudicial.com que debe procurarse el respeto por las instituciones. Indicó que “la propia Constitución determina que los impuestos o gravámenes son facultades que corresponden al Congreso”. Aclaró que hay que diferenciar entre el destino del gravamen (el Tesoro de la Nación) y quién tiene facultad para delimitar la existencia y monto de dichos impuestos.
Él entiende que existen dos grandes disyuntivas en torno a este conflicto: un problema es la legitimidad para aplicar las medidas, y la otra se relaciona con la razonabilidad del impuesto, refiriéndose a si es confiscatorio o no. Sobre ello, destacó que la Corte se expresó en muchas oportunidades sobre esta cuestión, aunque debe analizarse cada caso concreto.
La Academia es una institución creada en 1941 que tiene por finalidad fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, estudiar las cuestiones relacionadas con el derecho y las ciencias sociales, y propender al perfeccionamiento de la legislación del país.
En el marco de esta entidad, funcionan institutos (de derecho civil, derecho comparado, historia de derecho, etc.), que son organismos de investigación y estudio sobre las materias mencionadas, integrados por juristas sean o no académicos. Se ocupa de realizar diversas actividades destinadas al análisis, a través de sesiones que realizan sus miembros, como así también seminarios y conferencias abiertas a la comunidad.
En el marco del intercambio de información y opiniones que se generan con habitualidad en esta institución, la institución decidió difundir una declaración sobre las retenciones. Enfatizaron que como integrante de la sociedad argentina, “no puede la entidad permanecer ajena a las circunstancias económico-sociales que vive el país y que por su prolongada duración, ha deteriorado aun más, el precario sistema institucional democrático y republicano que desde hace años está padeciendo la Nación.”
Señalaron que “esta crítica y concreta situación provocada con motivo del aumento de las retenciones agropecuarias y su cuestionamiento jurídico constitucional, está colocando a la sociedad argentina en un estado de conmoción social, económica y política, de impredescibles consecuencias.”
Alegaron que las retenciones, de indudable naturaleza tributaria, fueron fijadas por mera Resolución del Ministerio de Economía de la Nación, lo cual las torna inconstitucionales debido a que todo tributo debe ser establecido por el órgano legislativo. Esto surge de nuestra Constitución en el art. 75 incs. 1º y 2º y concordantes, que asigna la atribución tributaria al Congreso y se lo prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el comunicado sostiene que al ser las retenciones de carácter aduanero, no son coparticipables lo que afecta la real vigencia del federalismo.
La Academia cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido como principio que los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o de la renta y, si bien la razonabilidad de la imposición debe establecerse en cada caso concreto, un principio orientador en este tópico encontraron que fue fijado por el Alto Tribunal cuando declaró que se considera confiscatorio el impuesto que supera el 33% la base imponible.
En consecuencia la Academia sostuvo que “es correcto que este tema lo trate el Congreso Nacional, como ámbito natural en el cual se deben debatir estas graves problemáticas para la vida de la Nación, legislando de modo racional el monto de las retenciones con pautas razonables y equitativas que respeten el derecho de propiedad.”
No obstante, remarcaron que las protestas en ejercicio del derecho de peticionar, habían violado el libre tránsito cortando rutas y calles en el país y que “nadie puede abusando de su derecho, violar las libertades del resto de los habitantes del país y alterar la paz y el desarrollo social.”
Concluyeron que “es imprescindible restablecer la paz social y el diálogo en la convivencia pluralista y respetuosa, tanto por las autoridades gubernamentales como por todos los habitantes, a la vez que debe recuperarse el estricto cumplimiento de las funciones de gobierno y de control entre los Poderes del Estado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional.”. A esto, agregaron que sólo así, se podrá alcanzar “los fines del preámbulo de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, asegurar los beneficios de la libertad y promover el bienestar general.”
Este miércoles, el plenario de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto de la Cámara Baja se reunía para debatir el tema. Desde el bloque del Frente para la Victoria confirmaron que la intención es emitir despacho de mayoría del proyecto de ley de retenciones móviles que envió el Poder Ejecutivo, con las reformas realizadas.
La vicepresidente de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, señaló que esta iniciativa acordada por el bloque oficialista "es bastante coincidente con muchas de las opiniones, pero está sujeta ahora, cuando vaya a la comisión, de tener alguna otra modificación para ir logrando mayores consensos. "
El destino que sufra el proyecto que impulsa el oficialismo dependerá de los acuerdos que se logren con respecto a los otros bloques y también con propios legisladores que rechazan la medida tomada.