El abogado representante de la Asamblea de la ciudad entrerriana Gualeguaychú, Juan Carlos Vega, expresó que “la postura del Uruguay no sorprende de manera alguna porque siguen línea de defensa que vienen sosteniendo desde que tuvieron que contestar la demanda argentina, es decir, medir el grado del daño por el día a día y no por el tiempo que a nivel internacional se considera lógico”.
Para el letrado, la dúplica del país vecino “no responde al planteo iniciado desde la Cancillería, que se refiere a si hay o no contaminación acumulativa”. “Los procesos de afectación que generan este tipo de industrias, se calcula conforme a variables matemáticas que le dan fuerza de valor probatorio recién a los 10 o 12 años de la instalación de la planta”, explicó Vega.
Entre los informes ambientales que figuran como anexo en el documento uruguayo, se encuentran los controles realizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay y un estudio elaborado por el programa de Naciones Unidas para la verificación y la capacitación en el control de calidad de aguas, Gems-Agua. También figura la opinión de diversos expertos, argentinos y de otros países.
La controversia fue iniciada por Argentina en el 2006 al presentar una memoria alegando la violación del Estatuto del Río Uruguay por la autorización otorgada por ese país a la empresa finlandesa Botnia, para instalar la pastera en la localidad uruguaya de Fray Bentos, limítrofe con la ciudad argentina de Gualeguaychú.
Ante eso, Uruguay respondió con una contramemoria, a lo que Argentina interpuso una réplica el 29 de enero de este año, mediante la intervención de la Cancillería. Con las presentaciones de ambos Estados, quedaría concluida la primera etapa del proceso judicial, y se ingresará en la fase oral.
Allí deberá fijarse fecha para la audiencia probatoria, que puede durar hasta dos semanas si el Tribunal resuelve que necesita otras pruebas in situ, tales como inspecciones, además de otras opiniones expertas de representantes de organismos internacionales.
Vega resaltó que el la Corte de la Haya es uno de los tres escenarios que enmarca este conflicto. “El segundo es el jurídico penal, donde está la denuncia penal por la violación de la ley de residuos peligrosos en el juzgado federal de concepción del Uruguay”.
A partir de la denuncia del ex gobernador entrerriano Jorge Pedro Busti se habían citado como imputados en la causa “Busti, Jorge Pedro y Otros sobre denuncia ley residuos peligrosos” a los directivos de las dos papeleras, Botnia y Ence. Sin embargo, ninguno de ellos asistió ni justificó su ausencia.
“El tercer escenario es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, ante la cual Busti demandó al Uruguay por violar el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se refiere al derecho a la vida, principalmente ya que se verían afectado 300 mil habitantes que residen en la franja costera del río”, informó el letrado. El país limítrofe fue notificado pero por ahora la cuestión no muestra ningún avance.