Esto permitirá saber en que condiciones se encuentran los menores de edad dependientes de autoridades nacionales alojados en la Capital Federal. La facultad de supervisar a la Asesoría está avalado por los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución Nacional y porteña, y la ley 1.903 Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad.
Anteriormente, la SENNAF se había opuesto a conceder la autorización en base a que las facultades de control que posee esta Asesoría son idénticas a las que posee la Defensoría General, a nivel nacional, y ello podría acarrear informes contradictorios.
Ahora, la Asesoría Tutelar podrá verificar las condiciones de detención, las denuncias por torturas, el acceso a la alimentación, la salud y la educación en dichos centros.
Laura Mussa, titular de la Asesoría General Tutela, en diálogo con DiarioJudicial.com señaló que dicha medida es un “avance en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Si a mí la Constitución de la Ciudad me dice que debo velar por los menores, no me voy a limitar por una disposición nacional. Yo tengo que ejercer mi rol”.
Además, contó que en la Capital Federal hay alrededor de 300 menores detenidos, distribuidos en seis centros de régimen cerrado. Al respecto, remarcó la situación en el Instituto Roca, donde se encuentran “los chicos es de máxima seguridad”, y el General San Martín, donde se aloja “a los menores de 16 años no punibles”.
Mussa recordó la muerte de un adolescente en marzo de 2007 en el Roca, por razones que aún se investigan. “Había entrado por cuestiones asistenciales, lo habían separado de la familia por problemas sociales, el chico se escapó de esta institución y se lo buscó con criterio penal”.
Por otro lado, explicó que tras las inspecciones que realizarán en los institutos de menores, y en caso de encontrar irregularidades en las condiciones de detención, se “denunciará ante el juez que corresponda” para que lo investigue.
“Estos lugares de encierro están en la Ciudad y la constitución nos obliga a ejercer la protección de los derechos de los menores de edad, se trata de ver si cumplen con las normativas”, resumió Mussa.