Esos departamentos son: Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Morón, San Isidro (sólo en la cabecera), Trenque Lauquen y Zárate-Campana.
La tercera etapa de la puesta en marcha incluía a San Isidro, Lomas de Zamora y Mar del Plata. El resto de las jurisdicciones que comienzan a funcionar corresponden a etapas anteriores pero que en su momento no pudieron comenzar a trabajar por diversas dificultades como la falta de nombramiento de jueces, fiscales y defensores oficiales.
El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil fue creado por la ley 13.634 y reemplaza a la actual Justicia de menores. Juzgará a los delitos que cometan menores de entre 16 y 18 años. La norma establece que la prisión preventiva no podrá exceder los 180 días y las investigaciones los 120, con la posibilidad de extender este último plazo en otros 60 días.
El encarcelamiento de los menores, sostiene la ley, deberá ser en centros especializados y no pueden compartir los espacios con mayores de edad. La norma también establece que la prisión preventiva es el último recurso judicial sobre el menor y que transcurridos los plazos de esa medida, la persona debe ser liberada.
La Suprema Corte aprobó la puesta en marcha del sistema a través del acuerdo 3.398 en el que le reitera al gobernador Daniel Scioli “la necesidad de que se arbitren con urgencia, las medidas conducentes para un adecuado funcionamiento del sistema”.
“Que por otra parte se han recepcionado distintas presentaciones de magistrados dando cuenta de la efectivización de traslados y libertades de jóvenes alojados a disposición de organismos judiciales por parte de autoridades administrativas del Ministerio de Desarrollo Social, como así también de la insuficiencia de los recursos que deben ser provistos por la aludida cartera ministerial, necesarios para la ejecución de las medidas judiciales ordenadas”, sostiene el acuerdo firmado por los jueces Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari, Daniel Soria y la procuradora genera, María del Carmen Falbo.
Por este tema la Suprema Corte había expresado la semana su “profunda preocupación” y el recordó al Gobierno que “es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil”.
A pesar de las críticas, en la acordada que aprobó la tercera etapa del nuevo fuero, la Suprema Corte señaló que un informe de la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social señala que “la disponibilidad de los Centros de Recepción, Contención, Cerrados y de Referencia, no se ha modificado sustancialmente en los últimos meses”.