“Hacer saber al Señor Gobernador de la Provincia el contenido del presente, reiterando la necesidad de que se arbitren con urgencia, las medidas conducentes para el adecuado funcionamiento del sistema”.
Así se dirigió la Suprema Corte el 3 de septiembre pasado a Scioli cuando debió postergar el funcionamiento del fuero en Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana por diversos motivos, como por ejemplo, la falta de nombramiento de jueces, fiscales y defensores.
La Suprema Corte resaltó en su acuerdo 3.388 que “no estarían dadas en su totalidad las condiciones para la puesta en marcha de la segunda etapa de este nuevo fuero, en función de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, en cuanto a la implementación de medidas coyunturales e inmediatas y definitivas, tendientes a permitir su funcionamiento”.
En esa oportunidad sólo comenzaron a aplicar el fuero las jurisdicciones de Azul, Mercedes, Pergamino y San Nicolás.
El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil creó un sistema de juzgamiento para menores de 18 años frente a delitos graves. La ley 13.634 creó tribunales orales de menores con tres jueces y fiscales y defensores que integrarán un Ministerio Público de Menores. La norma, entre otros aspectos, imitó la prisión preventiva a 180 días para los jóvenes.
Ese fuero consta de tres etapas. La segunda tampoco se aplicó en todos los departamentos donde estaba prevista. Y la tercera tiene fecha para entre octubre y noviembre en Mar del Plata, Lomas de Zamora y San Isidro.
En esta última localidad bonaerense, la semana pasada fue asesinado Ricardo Barrenechea y por el caso están detenidas tres personas (entre ellas dos menores de edad). El hecho generó un nuevo debate sobre la inseguridad y el gobierno bonaerense anunció que presentará un proyecto sobre la edad de imputabilidad para que se debata la responsabilidad penal de los menores entre 14 y 16 años.
La medida fue criticada por especialistas que sostiene que el eje del debate no debe ser la edad de imputabilidad sino el mejoramiento de las condiciones sociales para que los menores no se vuelquen al delito.
“Hacer saber al Señor Gobernador de la Provincia el contenido del presente (acuerdo 3.388), reiterando la necesidad de que se arbitren con urgencia, las medidas conducentes para el adecuado funcionamiento del sistema”, le pidió la Suprema Corte a Scioli a principios de septiembre.
Las voces en contra también surgieron desde el propio Gobierno nacional. El fin de semana, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino dijo que bajar la edad de imputabilidad es contrario a la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional.
“Algo está funcionando mal en el mundo adulto cuando en lugar de indagar qué sucede con los niños y adolescentes y qué es lo que los lleva a delinquir, pretendemos quitarnos el problema de encima tipificando el Código Penal”, afirmó Lubertino.
Esa disposición correspondió a la segunda etapa del fuero. En la primera, puesta en marcha a mediados de julio, el sistema judicial juvenil tampoco se aplicó en todos los departamentos que estaba previsto. Comenzó a funcionar en La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín pero la Suprema Corte lo suspendió en Trenque Lauquen porque el Senado no había tratado los pliegos para nombrar a fiscales y defensores.
En esa oportunidad, el Máximo Tribunal le pidió al Gobierno que “se arbitren, con urgencia, las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema”.
La suspensión del fuero en Trenque Lauquen tuvo una disputa judicial que la Suprema Corte resolvió la semana pasada: el Máximo Tribunal intimó al Gobierno para que le recursos que pueden garantizar el funcionamiento de la Justicia de Menores en esa localidad (ver nota aparte en esta edición).
El Tribunal de Menores Nº 1 de Trenque Lauquen había denunciado a la Subsecretaría de la Minoridad por la falta de recursos e información respecto a dos menores de edad que fueron detenidos y debían ser traslados ante los jueces para que declararan. Pero eso nunca ocurrió y tampoco se conocía su paradero.
En la resolución, la Suprema Corte destacó que “ha debido postergarse, en dicha jurisdicción, el inicio de las actividades del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil precisamente por no encontrarse dadas las condiciones mínimas que se ha comprometido a brindar el Poder Ejecutivo”.