Desde la ong se destacó que “en 2008 se realizaron procesos significativos que culminaron en 30 condenas y dos absoluciones” aunque “la alarmante lentitud con la que se instruyen las causas muestra que, aun cuando se mantuviera el ritmo de sentencias del año pasado, los juicios no terminarían antes de 2024”.
En este sentido apuntó al protagonismo de la Corte que “con sus fallos de años anteriores para impulsar el proceso de verdad y justicia pareció desaparecer en 2008, tanto por el fallo “Patti”, que invalidó la decisión de la Cámara de Diputados de impedir al represor acceder a su banca, como por la falta de voluntad política para intervenir activamente ante la desidia de algunos magistrados”.
Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS, expresó durante la conferencia que “las regresiones políticas e institucionales que tuvieron lugar en 2008 obligan a repensar las formas de construcción de un Estado fuerte y protector de los derechos humanos, pero este objetivo permanece ausente de los debates políticos”.
Prosiguió sosteniendo que “la deuda principal a veinticinco años de la recuperación de la democracia sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desventajados no sea su cara más violenta. No alcanza con las políticas de memoria y la persecución de los crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre la ESMA del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales”.
En ese sentido, el informe destaca que “en el Área Metropolitana de Buenos Aires se registraron, entre julio de 2007 y junio de 2008, 121 muertes en hechos de violencia en los que participaron integrantes de las fuerzas de seguridad”. En donde el 79% de los civiles murió en “supuestos enfrentamientos armados”.
Por otro lado, la organización consideró a la reforma del Código Procesal Penal bonaerense, sancionada en diciembre, como regresiva. Explicó que las modificaciones introducidas en el Código “profundizarán las degradantes condiciones de detención en cárceles y comisarías, que ya eran graves en 2005 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó resolverlas en el fallo “Verbitsky”.
Datos que existen para sostener eso es que en la Provincia actualmente hay 24.166 personas en unidades penitenciarias y otras 3.448 en comisarías, es decir, un total de 27.614 privados de libertad. No obstante, “de acuerdo con el relevamiento efectuado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires en marzo de 2008, el total de plazas disponibles era de 17.858”.
Otros de los temas abordados es la libertad de expresión y la necesidad “de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel, en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de las figuras de calumnias e injurias afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público”.
“Sigue haciendo falta una agenda de derechos humanos que atraviese todos los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial” expresó Chillier y agregó la necesidad de fortalecer una amplia base de sustentación social y política “no sólo para preservar los logros alcanzados en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad sino para avanzar sobre los problemas más críticos de derechos humanos en democracia”.
El informe, que ayer jueves 7 de mayo fue presentado en la Feria del Libro, también detalla problemáticas como el déficit habitacional y desalojos en la ciudad de Buenos Aires; las soluciones judiciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza- Riachuelo y los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental.