La presentación fue hecha tras agotar todas las instancias de la Justicia argentina. En tal sentido citaron el fallo que diera la Corte Suprema de Justicia, en diciembre del año pasado, cuando rechazó el habeas corpus colectivo interpuesto a favor de los adolescentes no punibles privados de su libertad, y convalidó el decreto ley 22.278 dictado por la dictadura militar en 1980.
Dirigida al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, el texto de la demanda dice que “el encierro al que se los somete no está asentado en un hecho previo típico ni se sustenta en un proceso respetuoso de todas las garantías judiciales; sino que es discrecional, secreto y sin fundamento objetivo que lo respalde. Ello en clara vulneración a los principios de legalidad e inocencia”.
Sostienen por lo tanto que el Estado Argentino “incumplió (con) el compromiso internacionalmente asumido”, toda vez que vulneró el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y garantías judiciales, el derecho a la integridad física, el principio de legalidad, el derecho a la protección de la familia, los derechos del niño y el derecho a la igualdad ante la ley. Todos ellos están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que fueron violados hacia personas que “siendo no punibles al momento de cometer el hecho que se les imputa, que han sido y continúan siendo privadas arbitraria e ilegítimamente de su libertad en institutos de régimen cerrado”.
Además de la denuncia, las organizaciones solicitaron que la CIDH adopte medidas cautelares necesarias para “asegurar la integridad física y psíquica de los niños que actualmente se encuentran privados ilegítimamente de su libertad”. En este sentido, pidieron se implemente un mecanismo que permita el libre y autónomo ingreso por parte de instituciones, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, a los institutos de menores “a los fines de efectuar una minuciosa inspección que permita relevar las condiciones de detención de los allí alojados y el respeto de los derechos humanos”.
En la presentación se le solicita a la Comisión que declare que el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos denunciados y que se presente la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A mediados de mayo la Fundación Sur y la Asociación Xomek ya habían denunciado a la Argentina ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. En aquella oportunidad, se instó a que desde el Grupo de Trabajo se realice un llamamiento “sobre la situación de privación arbitraria de las personas menores de edad”.
Este año en el 134 período de audiencias públicas, la CIDH realizó dos audiencias concernientes a temas de violación de derechos humanos en Argentina. Una tuvo como tema principal la situación de los privados de la libertad en Buenos Aires en la que se hizo notar la preocupación por la gran cantidad de detenidos que no poseen sentencia firme (un 76% según datos del CELS). La otra, fue acerca de la situación de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, en la que los integrantes de la Comisión mostraron su beneplácito por los avances en la materia aunque mostraron preocupación por los “obstáculos” que aún se suscitan.