Según explican desde la Defensoría, se debe al aumento dispuesto el año pasado por el Gobierno Nacional, a lo que se sumó una mayor demanda por la época invernal que está atravesando nuestro país, como también por la caída en la actividad económica generada por la crisis.
“La energía eléctrica tuvo durante el año pasado un aumento solicitado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) de más del 20%, a lo que se sumó el propiciado por la Nación cuyo traslado a los usuarios tuvo diversos impactos en cuanto a porcentajes. Es decir, hoy la energía eléctrica es aproximadamente entre 20% y 40% más cara que el año pasado”, explicaron.
También mencionaron los aumentos dispuestos en el servicio de gas, y que van “entre el 50 y el 300 % en algunos casos”.
En el informe, el Defensor del Pueblo, reiteró la advertencia “a los cordobeses de estas situaciones para propender de esta manera a lograr un uso racional de la energía, especialmente en estos meses donde la llegada del clima frío, la demanda y el uso de la misma tienden a aumentar”.
Al reclamo de tarifas, le siguen los tributos que cobra la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia (un 14 por ciento del total de las quejas). Muchas de las consultas sobre el tema, es por la “imposibilidad económica de muchos ciudadanos para abonar el impuesto inmobiliario tras las intimaciones recibidas y juicios iniciados por ese organismo”.
Luego vienen las consultas en el área de salud, el 11 por ciento, por incumplimiento de las obras sociales y empresas de medicina pre pagas.
“En relación a las personas con discapacidad, estas dificultades son más recurrentes y se extienden a los servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, hogarización y pañales”, advirtió la Defensoría.
Finalmente los reclamos por demoras en los trámites de renovación, rectificación y solicitud de nuevo Documento Nacional de Identidad, así como la agilización de trámites para la obtención de Pensiones no contributivas.
“En temas municipales, lideran el listado de reclamos las multas de tránsito en rutas (80%) impuestas por municipios del interior provincial por excesos de velocidad a través de cinemómetros o por pasar semáforos en rojo utilizando fotos, seguido por eximisiones, facturaciones y cobro de deudas de impuestos y tasas de la Municipalidad de Córdoba (20%)”, según el informe.