En lo que respecta a la pesificación el Colegio solicita como medida cautelar la suspensión de los decretos 1570/01 y los artículos 1,2,4,9 y 10 y 12 del 214/02 como así también el artículo 15 de la Ley de Emergencia N 25.561.
En ese sentido, argumentan que las citadas normas generan “graves e irreparables daños a la institución” dado que el CPACF actualmente tiene tres depósitos en dólares en el sistema bancario, dos en el Banco Ciudad y el restante en el Nación.
Al respecto, se explica que dado los contratos que se firmaron con las entidades bancarias cuando se decidió realizar los depósitos en el sistema, en ese mismo momento nació el derecho a percibir el importe acordado, sumados los intereses pactados y en la moneda en que dicho suma fue puesta en los bancos.
Sobre ese punto resaltan, que “cualquier modificación a los términos del contrato celebrado entre los particulares por parte del Estado Nacional vulnera el principio de autonomía de la voluntad y restringe hasta límites insuperables, con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, el derecho de propiedad”.
“No desconocemos el contexto de emergencia económica que atraviesa el país, sin embargo ninguna crisis se supera vulnerando los derechos y garantías de aquellos a quienes el Estado está llamado a gobernar, y de cuya confianza en las Instituciones y políticas de gobierno depende para superar los difíciles trances que la economía le presenta”, manifiesta el Colegio en sus presentación, que aún no tiene juez designado dado que recién mañana se realizará el sorteo de magistrado.
Asimismo, los abogados consideran que el Estado Nacional ha incurrido en un exceso “con su incontenible catarata de normas e idas y vueltas, cristalizadas en alteraciones al régimen económico, restricciones y flexibilizaciones condicionadas, tendientes todas a limitar en su máxima expresión la disponibilidad del patrimonio”.
En cuanto al articulo 12 del decreto 214/02, el colegio presentó ayer el otro amparo, que recayó en el juzgado número 8 a cargo de Clara Do Pico, en la presentación se solicita como medida cautelar que se suspenda la aplicación de ese artículo hasta que no recaiga sentencia definitiva en dicho expediente.
Los representantes del Colegio realizan la solicitud “a los efectos de evitar los graves prejuicios que la aplicación inmediata de éste (artículo 12) provoca en los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente”.
A su vez, manifiestan que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tiene el deber de defender a los letrados matriculados, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes y además velar por su dignidad.
En tanto, aseveran que la suspensión por el plazo de ciento ochenta días de la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias relativas al Decreto1570/02 y normas posteriores, es “claramente inconstitucional, y violatoria del derecho elemental a que cualquier persona, natural o jurídica, pueda recurrir ante el juez en demanda de justicia”.