El denunciante es el letrado Miguel Bootello -el mismo que patrocinó a los traficantes de armas ecuatorianos en el affaire de las armas-, quien acusó al magistrado de resolver la constitucionalidad del corralito bancario, en su fallo del pasado 5 de febrero, “desconociendo así un fallo expreso de la Corte suprema y artículos expresos de la Carta Magna, como lo son el artículo 17 que decreta que la propiedad es inviolable y el artículo 18 que determina que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
La denuncia penal a Guglielmino recayó en el juzgado en lo Correccional número doce a cargo del juez Raúl García. Sobre el pedido de enjuiciamiento deberá decidir el Consejo de la Magistratura. Guglielmino es el titular del juzgado federal de primera instancia en lo contencioso administrativo número cuatro.
“El poder ejecutivo, luego de mantener el corralito bancario creado por el gobierno anterior, nos sorprende con un nuevo corralito, este es un corralito judicial, y arbitrariamente dispone la prohibición de acudir a la justicia para proteger nuestro derecho de propiedad, avasallado por actos administrativos que carecen de valor alguno”, recalcó Bootello en la presentación.
El fallo de la Corte del 1 de febrero declaró inconstitucional el corralito y luego el gobierno sancionó el decreto 214/02, que suspendió por 180 días los juicios contra las normas que disponen el corralito financiero.