El Grupo de Acción Financiera Internacional aceptó este viernes el Plan de Acción de lucha contra el lavado de activos en nuestro país. Después de varios meses con el tema en boga, finalmente, el organismo decidió dar el visto bueno y no aplicar las sanciones que, en lo que va de 2011, fueron una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional, y en especial, del Ministerio de Justicia.
Este viernes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aceptó en su plenario, realizado en México, el Plan de Acción y lucha contra el lavado de dinero llevado a cabo por el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta fundamentalmente las modificaciones introducidas al respecto con la sanción de la Ley, a comienzos de este mes, que implicó una novedad a nivel nacional en la materia.
Asimismo, el organismo realizó recomendaciones sobre la actual legislación, que si bien sirvió para evitar que la Argentina fuera sancionada por la falta de políticas contra lavado de activos, tiene muchos puntos que son cuestionados fuertemente por los legisladores.
El diputado Gustavo Ferrari aseguró en más de una ocasión que "queda confirmado que la Unidad de Información Financiera (UIF) pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del Poder", con respecto al veto del Ejecutivo que permite a la UIF ser querellante en procesos penales.
La senadora Sonia Escudero precisó que “el GAFI pidió estos ajustes desde 2004. El antiguo y el nuevo jefe de Gabinete, cuando iban a las reuniones, señalaban que desde la entidad no se pedían recomendaciones, que estaba todo "maravilloso". Ahora nos dicen que si antes del 20 no hay ley, Argentina puede ser sancionada”.
Gracias al reconocimiento que realizó el GAFI, la Argentina mantiene la membresía plena en el organismo y se la consideró como país cooperante. En tanto, las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales.
De todas formas, el país se encuentra bajo “seguimiento intensivo” del GAFI.
Con respecto a los alcances de la Ley 26.683, si bien el organismo y el Comité que está a cargo de la materia no pudieron considerarlos detenidamente, si lo hizo el GAFISUD, que con la legislación dio por cumplidas cinco de las seis recomendaciones hechas. Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y el titular de la UIF, José Sbatella.