Los abogados tucumanos realizaron un fuerte reclamo al Poder Ejecutivo por la falta de cumplimiento de la ley que establece que los jueces de Paz deben ser letrados. Los entretelones de la pugna.
"La persistencia de nombramientos discrecionales de legos en los juzgados de Paz bastardea la institución en beneficio del poder político y la coloca al servicio del pago de favores entre las autoridades. El Estado obstaculiza la jerarquización de estas oficinas, promueve la denegación de justicia y afecta las incumbencias específicas de los abogados. Por último, esta desobediencia a la reforma de 2004 es todo un mensaje: si el Gobierno y el Poder Judicial vulneran la ley, ¿por qué los ciudadanos comunes tienen que respetarla?", expresó el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Eudoro Aráoz, quien llevó adelante el reclamo debido a la gran cantidad de funcionarios legos que ocupan cargos en la Justicia de Paz a pesar de que la legislación vigente indica que sus integrantes deben ser abogados.
Estos suscitó un conflicto, ya que las cifras hablan por sí solas: a pesar de la Ley 7.365 sancionada hace ya ocho años, el 74% de los jueces de Paz no son letrados.
Por este motivo, Aráoz expresó enérgicamente su repudio ante esta situación: "Pese a la vigencia de esta norma, el Gobierno de Tucumán viene reiteradamente designando como jueces de Paz a personas que no poseen tal requisito, situación que acarrea la nulidad del nombramiento y, consecuentemente, de todas sus actuaciones jurisdiccionales".
En tanto, desde la entidad señalaron que este tipo de hechos promueve una falta de confianza en las instituciones, debido a que no se respetan los preceptos normativos legislados. A su vez, entendieron que no se tienen en consideración las características específicas de los profesionales que deben desempeñarse, de hecho, en esas posiciones.
Por estas razones, no dudaron en señalar que "si bien el Poder Ejecutivo elige (discrecionalmente) a estos funcionarios, la Corte debe prestar acuerdo previo a estas designaciones. Resulta inadmisible el incumplimiento injustificado de normativas vigentes por parte de nuestro máximo tribunal, sobre todo cuando se puede ver afectada la legitimidad de los actos de la propia administración de Justicia".
En estos términos, los colegiados solicitaron al gobernador José Alperovich que se abstenga de nombrar a los magistrados del cuerpo de Paz que no cumplan con los requisitos estipulados en la Ley, a la vez que instaron a la Corte Suprema de esa provincia a que no dé acuerdo si la situación se repite, teniendo en consideración los preceptos mencionados.
De los 78 cargos de este tipo distribuidos en todo el territorio tucumano, 58 de ellos son ejercidos por legos, 13 por abogados calificados para el puesto y siete puestos vacantes, dos de los cuales no tienen asiento físico aún.