El Senado bonaerense convirtió en ley la emergencia pública provincial en torno a la violencia de género. Se trata de una iniciativa que se discutió a nivel nacional y que los legisladores de Buenos Aires aprobaron por unanimidad.
Wanda Taddei, Fátima Catán, Sonia Garbellan. Todos esos nombres pertenecen a mujeres que fueron víctimas de un flagelo que parece crecer a diario en nuestro país: la violencia de género. Por eso, todos sus familiares estuvieron presentes en la sesión del pleno del Senado bonaerense realizada el jueves pasado, cuando, por unanimidad, los legisladores aprobaron la emergencia pública para combatir esta problemática.
Entre otras cuestiones, la nueva normativa postula la adhesión de la provincia a la Ley nacional 26.485 de Protección Integral a las mujeres. A su vez, los cambios materiales van en torno de la asignación de recursos públicos tanto en términos humanos como presupuestarios para combatir la violencia de género.
De esta forma se aprobaron y unificaron las iniciativas presentadas en la Cámara Baja bonaerense por las diputadas Karina Nazábal (FpV), Fernanda Antonijevic (FAP) y Alejandro Armendáriz (UCR), cuyos proyectos habían sido aprobados, también por unanimidad, en abril pasado.
Asimismo, y con la aprobación de la Ley, se pone en funcionamiento el Plan Provincial de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al respecto, también se contempla el derecho a la privacidad, un aspecto largamente vulnerado en torno a la problemática. La norma indica que se debe “preservar y resguardar la identidad de la víctima, aún en los registros que las autoridades públicas provinciales y municipales puedan implementar”.
También obliga al Poder Ejecutivo a que se dé cumplimiento efectivo del artículo 20 de la Ley provincial 12.569 de Violencia Familiar, en el que se prevé el uso de “políticas de prevención y asistencia a las víctimas, programas de capacitación para docentes y directivos, a operadores de los centros de salud, del personal policial, generar centros de hospedaje”.
La senadora Silvia Pérez (FpV) declaró que “como Estado –dijo- tenemos la obligación de acompañar con políticas públicas en la prevención de la violencia de género. Hoy tenemos una sociedad diferente desde el punto de vista social a la de nuestros padres, cuando la mujer era pasiva, mamá y ama de casa”.
Juan Carlos Simón (UCR) aseguró en relación a la iniciativa que “este proyecto se convirtió en Ley con un consenso que da gusto”.
Por su parte, el diputado Armendáriz alegó que “lo que nosotros notamos y dijimos en su momento en la cámara cuando se trató este tema, es que la verdad había muy pocos recursos volcados en el presupuesto para esta problemática, y si bien hay algunos programas que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires está desarrollando tanto en el área de salud, de educación y judicial, se notaba que eran poco los recursos y no se estaba invirtiendo lo que es necesario para que esto se solucione”.
El radical también precisó, no sin indignación, que “en el presupuesto que se está ejecutando este año, la provincia gastaba mas dinero en mantener el Estadio Único de La Plata que en todos los programas para violencia de genero”.