Diferentes asociaciones civiles hicieron saber sus posturas acerca del proyecto de “democratización de la justicia”, tanto las que nuclean a los abogados y juristas como a otras ongs. También le tocó el turno a los funcionarios de la justicia, quienes a través de sus respectivas asociaciones se pronunciaron en relación a los proyectos.
Las dos listas, unidas contra la reforma
El comunicado nº 34/2013 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, titulado "Los perjudicados no son los jueces, son los ciudadanos", llevó la firma de Luis María Cabral, su presidente, y de Gregorio Corach, su secretario. Igualmente, se aclaró que la declaración fue emitida por el Consejo Directivo de la Asociación, integrada también por los jueces representantes de la minoría.
La declaración fue consensuada por los dos espacios políticos que integran la Asociación, la Lista Bordó y la Lista Celeste. Esta última también emitió un comunicado en el cual destacó esa circunstancia.
Consultado por Diario Judicial, Javier Leal de Ibarra, integrante de la Lista Celeste, manifestó que debido a la gravedad de la situación, era necesario emitir el comunicado en conjunto, ya que las reformas afectarían a todos los jueces.
En el comunicado, la Asociación manifiesto que los proyectos de ley “alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia y de ninguna manera atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos”.
A criterio de los magistrados, con estos proyectos “Se pretende sustituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la tarea judicial que a ella y a los tribunales inferiores les corresponde”.
“A ello se suma que se promueve la partidización del Consejo de la Magistratura”, agregó.
“Los proyectos, más allá de los serios reparos constitucionales que merecen, no atienden a los verdaderos problemas que distancia al Poder Judicial de las soluciones prácticas que la sociedad requiere para hacer más fácil, más rápido y más eficiente el ejercicio y vigencia de los derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales le reconocen”, se señaló en otro apartado.
El comunicado citó como ejemplos “la creación de una Justicia para casos de menor cuantía, para consumidores y usuarios de servicios públicos, para casos de salud ambiental, sobre la modificación de los procedimientos para su simplificación, sobre la incorporación del juicio por jurados para delitos de corrupción de funcionarios públicos, sobre la oralización del proceso civil, sobre el mapa judicial y la composición de las plantas de personal, entre otros muchos”.
Sobre el Consejo de la Magistratura, se señaló que su funcionamiento en los últimos 15 años “evidenció la dificultad de un órgano deliberativo para ejercer sus funciones, situación que se vería agravada con la nueva composición que se propone, que no resulta respetuosa del equilibrio que
la Constitución Nacional prescribe”.
La postura frente a los proyectos se evidenció a continuación, cuando el comunicado destacó que los mismos “pretenden terminar con el carácter de poder del Estado de la Justicia, haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial y con un sistema que permite la fácil selección o acusación según el criterio de ese partido que contará con las dos terceras partes del cuerpo”
Los magistrados integrantes de la Asociación se oponen a los proyectos, que “en nada contribuyen al mejoramiento de la Justicia y, por el contrario, cercenan su independencia”. Asimismo, se reclamó que la misma sea llamada para participar en los debates parlamentarios.
“Los jueces integran un poder del Estado cuya finalidad es la defensa de la Constitución Nacional, controlando que los demás poderes se ajusten a ella, tutelando las instituciones y defendiendo los derechos individuales de los ciudadanos. Por esta razón, es imprescindible fortalecer el poder judicial para que pueda cumplir esa función tan importante en la sociedad”, finalizó el comunicado.
"Una Justicia independiente es una garantía para todos"
Así se tituló la solicitada publicada por la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, que destacó que “el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial protege a los ciudadanos. Esa es la garantía del sistema republicano que alumbra la Constitución Nacional desde su Preámbulo, en tanto es su aspiración afianzar la Justicia”.
“En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación - cabeza del Poder Judicial- y los demás tribunales actúan como resguardo último de los derechos de todos Desde las Reglas de Brasilia se reconoce a los vulnerables el especial amparo de los poderes judiciales que deben arbitrar los medios que aseguren la efectiva vigencia de los derechos”, expresó a continuación.
Mediante el comunicado, la organización expresó “su profunda preocupación frente a los proyectos de reforma que afecten el papel asignado por la Constitución Nacional al Máximo Tribunal y a todos los Tribunales”.
“La focalización de esta Asociación en pos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, no sesga su ocupación en los demás concernientes a la Justicia, en tanto aquellos tan sólo pueden ser efectivos facilitando el acceso a una justicia independiente e imparcial”, concluyó.
El Palacio de Justicia fue sede de una manifestación
En horas del mediodía, referentes de la oposición se manifestaron en contra de las reformas. Algunos de los participantes fueron el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, los legisladores María Eugenia Estenssoro, Norma Morandini, Ricardo Gil Lavedra, Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay, Carlos Brown, Sergio Bergman, Federico Pinedo, Manuel Garrido y Gabriela Michetti.
También acudieron referentes del ámbito académico como los constitucionalistas Félix Loñ y Daniel Sabsay, los consejeros de la magistratura Daniel Ostropolsky, Oscar Aguad y Alejandro Fargosi, el ex fiscal del juicio a las Juntas, Julio Strassera, el ex defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. Este último, consultado por Diario Judicial, manifestó que la reforma “violentaba el derecho interno, el derecho constitucional nacional y el derecho internacional público”,
En esa concentración, se juntaron firmas con el lema “sin Justicia no hay futuro”. “Detrás del título meramente retórico de ‘democratizar la justicia’ se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos”.
En esa misma sintonía, se repartieron volantes, con la leyenda “Vamos por todo, no mentía”, y firmada por “Abogados Pluralistas”, donde se repudió “todo acto que pretenda invertir el sentido Republicano, Representativo y Federal de nuestra Constitución Nacional, poniendo en serio riesgo el Estado de Derecho”.
dju
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