Juzgadores juzgados

Hace más de dos años, Francisco Mirey y Otilio Romano fueron destituidos de su cargo como jueces por su accionar en tanto integrantes del Poder Judicial durante la última dictadura militar. Los argumentos presentados ante el Consejo de la Magistratura de la nación en su contra parecían irreductibles. Tanto así que en muchas ocasiones no se presentaron a declarar ante sus integrantes.

 

Después de idas y vueltas, presuntos intentos de fuga (Romano pasó algún tiempo en Chile hasta que fue extraditado por la Corte de ese país) y reclamos sobre jubilaciones y acusaciones por falta de motivos para ser procesados que fueron desestimadas, llegó el momento de que los magistrados, junto a tres colegas, sean juzgados.

 

El “Juicio a los jueces”, como dieron en llamarlo varios medios, comenzará el próximo 13 de febrero y será llevado a cabo en diferentes provincias, ya que el tratamiento será llevado a cabo por diferentes tribunales orales federales en lo Criminal. Las ciudades que alojarán el proceso son Capital Federal, Mendoza, Rosario y Tucumán.

 

La citación de los magistrados será en Mendoza, el 17 de febrero, y será junto a Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo, junto a otros 35 imputados por varias causas acumuladas que incluyen delitos de lesa humanidad por la participación durante el proceso.

 

Los encargados de llevar a cabo las audiencias y brindar su veredicto serán los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mendoza, compuesto por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade.

 

Cuando Romano fue destituido se encontraba prófugo, y la decisión de los consejeros fue inapelable y lapidaria: “Cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes él desdeñaba reiteradamente los reclamos”, recordaron los miembros del jury que llevó a cabo el proceso.

 

Estela Fabiana, defensora del entonces fugado represor había alegado que “no se puede pretender juzgar con parámetros de hoy situaciones que ocurrieron en los años setenta” ya que se trata de “temas del pasado, que es donde ocurrieron los hechos”, un argumento rápidamente rechazado por el tribunal.

 

En tanto, Francisco Miret también fue señalado por su participación en la dictadura, y una de las principales imputaciones que se le realizaron desde el Consejo fue que tenía conocimiento de los "delitos cometidos contra varios de los detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la Policía mendocina".

 

Con su ausencia y la de sus letrados en la lectura del fallo, Miret fue destituido: "El magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, disponiendo los mecanismos correspondientes para proceder a la investigación de tales actos delictivos e identificar a los responsables de las vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y que, sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto".