Entre jueces hay cornadas

Mariel Suárez fue juzgada por el Consejo de la Magistratura chubutense pero no hubo motivos para destituirla de su cargo. Sin embargo las personas que realizaron los señalamientos en el órgano judicial es que no seguía los precedentes sentados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, pero, sin embargo, no fue un motivo suficiente para apartarla definitivamente su posición.

 

Sin embargo, aun no volvió a ejercer su cargo y esto motivó que los integrantes del Máximo Tribunal provincial fueran denunciados, una vez más en menos de un año, para afrontar un juicio político. En los argumentos de la demanda, llevada a cabo por la magistrada, se encuentra, entre otras cosas, una orden dictada por un tribunal de primera instancia.

 

Con respecto al caso y a la denuncia, el presidente del Máximo Tribunal provincial, José Luis Pasutti, señaló que “es un agravio moral para mí que por la orden de un juez de primera instancia, hoy se me obligue a restituirla”.

 

La acusación expresa en concreto que el STJ se encuentra demorando la resolución que la restituya en su cargo a través de una acción de amparo aceptada por un Juzgado Civil, y no funciona como una instancia de revisión de la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, tal como lo aclaró la jueza en la Legislatura de Chubut.

 

Suárez señaló, respondiéndole a Pasutti, que el magistrado “no se interiorizó sobre esta cuestión, porque el juez en primera instancia habla de los actos del Tribunal de Enjuiciamiento, solamente revisa y evalúa los actos del Consejo de la Magistratura”.

 

La magistrada enumeró los motivos para llevar a cabo el juicio político: “El fundamental es por incumplimiento a esta orden judicial porque estos cuatro ministros actuaron y luego se excusaron que me perece que es una falta grave, si uno considera que no debe actuar hay una obligación de excusarse apenas le ingresa la causa, el expediente, la orden, como en este caso”.

 

La jueza explicó que entonces “le dieron además oportunidad de expedirse al fiscal de Estado y al procurador General, quien fue parte de acusadora en el enjuiciamiento y el fiscal de Estado que es parte vencida en la acción de amparo”. Entonces, afirmó, “no me dieron la oportunidad de expresarme respecto al cumplimiento de la orden. Atendieron a una sola de las partes y es otro motivo del pedido de juicio político, porque los jueces tienen la obligación de siempre escuchar a todas las partes”.

 

“Y además en el caso del ministro Pasutti y Roger, tomé este dictamen de la fiscal de Rawson, Silvia Pereyra, que se explayó sobre una denuncia que había hecho el ministro (Alejandro) Panizzi que tiene que ver con el uso equivocado de las licencias, que es una falta relacionada con el reglamento interno”, agregó Suárez en clara alusión a uno de los conflictos que mantuvieron en vilo a los integrantes del Poder Judicial chubutense durante el año pasado.