La ley al volante en Santa Fe

Cuando se cometía un siniestro vial, la Justicia santafesina podía brindar la posibilidad de una probation o una sanción menor que nunca incluía un seguimiento del caso o una aproximación de parte del Estado hacia el responsable. También existían requisitos mínimos para el cumplimiento condicional de una condena.

 

Pero una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Fiscal y el Poder Judicial de Santa Fe se implementará un nuevo programa para infractores viales gracias al cual se realizará un seguimiento a quien cometa una infracción o un delito vial, con una primera prueba en la ciudad de Rosario e implementándolo, más tarde y de forma gradual, en toda la provincia.

 

Para pensar esta iniciativa se tuvieron en consideración las estadísticas que muestran el grado de reincidencia en personas que cometieron siniestros viales, y para buscar una solución, la propuesta busca establecer dos etapas después del otorgamiento de la probation o la libertad condicional: una teórica, de tres meses, y otra práctica, de nueve, donde la persona deberá llevar a cabo tareas comunitarias.

 

Quienes determinarán si las pruebas fueron superadas con éxito serán los profesionales a cargo de participar durante ambas instancias, con posterior aprobación vinculante de parte de la Justicia y el magistrado que esté a cargo de la causa.

 

Los impulsores de la iniciativa recordaron que, previamente, en muchos casos donde se debía cumplir una pena condicional se contemplaba como única regla de conducta fijar el domicilio y llevar a cabo una presentación periódica ante la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria.

 

Ahora, para reforzar el control que existía sobre los infractores, el rol del fiscal y del nuevo Ministerio de la Acusación implementado gracias a la reforma de la Justicia santafesina, ya que los integrantes de este órgano tendrán nuevas herramientas para determinar si se puede suspender la prueba o hacer efectiva la condena al infractor vial.

 

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que esta propuesta “constituye una alternativa dentro del Programa de Reglas de conducta que implementa la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, y es un ejemplo de la necesaria articulación –que fomenta la nueva justicia penal en vigencia desde el 10 de febrero–, entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación, los defensores del Servicio Público de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial y el Poder Judicial, consagrando la multirrespuesta ante las conductas delictivas y garantizando el armado de redes interinstitucionales”.