Según un informe de la PROCUVIN, entre abril y agosto de este año se registraron en cárceles federales 412 casos de violaciones a los Derechos Humanos. El titular del órgano, Abel Córdoba, intervino ante estas situaciones.
¿Cuál es el rol de la cárcel en la sociedad moderna? Una parte de la teoría criminológica y sociológica ha determinado que existen como un mecanismo de control y no como un espacio de resocialización como, pretendidamente, se expresa a través del discurso que pugna a favor de ampliar los alcances de las situaciones de encierro para los diferentes tipos de delito. Pero sin necesidad de recurrir a esos argumentos, la realidad de hecho muestra lo difícil que puede ser encontrar un lugar en la sociedad nuevamente.
Las condiciones de encierro pueden ser muy precarias, tal como lo demostró el último informe de la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), donde su titular, Abel Córdoba, señaló que desde abril del año pasado y agosto de este se cometieron en cárceles federales 412 violaciones a los derechos humanos.
Algunas de las imágenes que muestra el informe de forma previa a brindar la información pormenorizada de los casos que sucedieron en las penitenciarias federales son elocuentes: hacinamiento, condiciones edilicias deplorables, medidas de seguridad personal mínimas. Todos estos elementos fueron puestos de manifiesto en el documento.
El organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF) logró que participaran funcionarios de distintas dependencias, entre ellos 20 de la PROCUVIN, totalizando 151 participaciones que lograron identificar todas estas violaciones. La mayor parte de estos funcionarios pertenecían al Ministerio Público.
Se llevaron a cabo inspecciones en diferentes unidades carcelarias de provincias como Córdoba, Catamarca, Chaco y Santa Fe, pero la mayoría de los casos registrados de violaciones a los Derechos Humanos provinieron de las cárceles federales: el 66% de los hechos fueron cometidos en estos establecimientos.
Los detalles del informe son escalofriantes, ya que se afirma que, por ejemplo, de un penal de Córdoba se "retiraron elementos de tortura hallados durante la inspección"; y esta situación replicada en otros lugares motivó que se requiera "la cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes que derivaban de la falta de provisión de agua y alimentos, atención médica, vestimenta y acceso a la justicia".
Por las condiciones de hacinamiento, se dispuso el cierre de pabellones enteros, ya que eran lugares donde no se podía garantizar la seguridad de los reclusos. Además, las inspecciones fueron realizada de forma intemptestiva, de modo que las autoridades de las unidades carcelarias no pudieran ocultar ninguno de estos vicios que fueron puestos de manifiesto en el informe.
"A través de las inspecciones realizadas se verificaron una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que importan acumulación de padecimientos de distinta índole tanto para sí como para quienes integran sus vínculos cercanos; al mismo tiempo que se vivenciaron experiencias de desamparo e incluso riesgo inminente para la vida de personas detenidas", consigna el documento.