La Cámara de Diputados sancionó la ley que permite la discusión paritaria para los trabajadores municipales de la provincia, derogando de esta forma la ley 11.757 que había sido observada en un fallo por la Suprema Corte de Buenos Aires.
Mientras muchos gremios tienen la posibilidad de negociar paritarias para recibir aumentos salariales, los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires tenían un impedimento que además vulneraba otras cuestiones de su vida laboral: la ley 11.757. Después de 18 años de su sanción, la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) se manifestó en contra de su aplicacion, afirmando que parte de sus alcances son inconstitucionales.
Esto motivó que, después de muchos años de lucha sindical y de protestas contra esta normativa, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado la iniciativa que prevé los cambios en las relaciones laborales y la aplicación de paritarias para el sector, derogando de esta forma la normativa criticada por el Máximo Tribunal provincial.
Además de garantizar las negociaciones paritarias, esta nueva ley pondrá en igualdad de condiciones en este sentido a 118.000 trabajadores de toda la provincia. Esta medida se aplicará a los municipios y a los agentes que trabajen en esos órganos, brindado además nuevas condiciones de estabilidad laboral y salario vital y móvil.
También se creó, a los fines prácticos de la aplicación de la nueva ley, un Consejo Consultivo y asesor del empleo municipal de carácter no vinculante, que todos los años tendrá dos reuniones donde se pondrán de manifiesto las observaciones sobre cumplimiento o incumplimiento de la novedosa legislación.
En los fundamentos, el diputado Diego Doval recordó que "la sanción de la Ley 11.757 se inscribe en un tiempo histórico de la Argentina que ya no es. Sancionada en 1996 con el nombre de Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, popularmente conocida como la “ley de la inestabilidad”, la presente ley se constituyó en un contexto de primacía de una visión de achicamiento del rol del Estado y de un retroceso de las condiciones laborales de los trabajadores en general y en particular de los trabajadores estatales en sus distintas dimensiones".
El legislador afirmó que "la Ley 11.757 dejó sin efecto el avance que los municipios habían logrado, a partir del retorno del régimen democrático, para establecer las condiciones y el régimen laboral en sus distritos, dejando sin efecto la Ordenanza General 207 que se había impuesto bajo la dictadura militar del año 1976".
Siguiendo con el repaso histórico, el miembro de la Cámara Baja consignó: "En este sentido consideramos que la Ley 11.757 se inscribe en la continuidad histórica del proceso iniciado bajo la dictadura militar de 1976 y que sirvió para precarizar y flexibilizar el empleo público municipal y producir una fenomenal caída en la calidad de vida de los trabajadores municipales".
"Bajo el disfraz de “generar un proceso de modernización de la función pública y municipal” (mensaje de elevación del proyecto de Ley 11.757), en la práctica miles de trabajadores se vieron perjudicados en su vida cotidiana al sufrir una merma en sus derechos laborales, o bien expulsándolos del sistema o bien socavando las condiciones logradas luego de varios años de lucha", explicó Doval.