"Las subrogancias ponen a los magistrados en una situación de precariedad"

 

 

- El caso Nisman yo lo he tomado desde la Asociación Argentina de Fiscales (AAF). A nosotros lo que más nos preocupó del caso Nisman no es la denuncia en sí ni el tema de la investigación de la causa AMIA, sino la circunstancia de que habiendo muerto un fiscal en el marco de esta denunciando al poder de turno, la respuesta que recibió de las más altas autoridades de la nación fue básicamente una absoluta falta de respeto. Entendimos que un fiscal que muere en estas condiciones merecía, por lo menos, un mensaje de condolencias sincero a la familia y un homenaje institucional de parte de organismo al que pertenecía. Como esto no ocurrió fue que participamos activamente en la marcha del silencio del 18 de febrero. En lo personal yo no conozco la investigación de la causa AMIA y si bien conozco los términos de la denuncia no me parece que corresponda mi opinión institucional sobre eso.

 

 

- El pedido no lo hicimos nosotros. Hay que aclarar una cosa: hay dos asociaciones de fiscales; hay una que se llama AFUN, que nuclear a fiscales de la Justicia nacional y funcionarios y está la AAF que es más abierta porque si bien integran la asociación algunos miembros de la Justicia federal, en realidad es mayoritariamente de fiscales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. La que pidió ser tenida como querellante en el caso Nisman es la otra, la que preside el doctor Donoso Castex, y ahí no se lo tuvo como querellante porque se entendió que no son particular damnificados.

 

 

- Para nosotros hablar de “partido judicial” es definitivamente ridículo, es un concepto ridículo. Hay que entender que el sistema judicial funciona dentro de una lógica diferente. El sistema judicial analiza pruebas aportadas en general por las fuerzas de seguridad o por las partes y extrae conclusiones sobre qué es lo que esas pruebas demuestran, y sobre esa base extrae consecuencias jurídicas. Desde esta perspectiva hablar de “partido judicial” es ridículo porque los partidos políticos lo que hacen es establecer políticas públicas o realizar acciones vinculadas con políticas públicas, y esto no tiene nada que ver con la función del Poder Judicial. Me parece que denominar al resultado de una investigación judicial que no nos gusta, ponerlo en términos de la política, significa por un lado banalizar el rol del sistema judicial dentro de la estructura judicial y por otro lado significa tergiversar las conclusiones del sistema judicial frente a la opinión pública. Y en esto me parece que hay que ser muy claros. Fíjese que la decisión de Rafecas (por el juez federal, Daniel) o de la Cámara Federal, que desestiman la denuncia de Nisman, demuestra que no existe un “partido judicial”. Existen jueces que opinan de una manera sobre la interpretación de los hechos y jueces que opinan de otra manera sobre la interpretación de los hechos. Dentro del sistema judicial existe el fiscal Rívolo o el fiscal Pollicita y existe el fiscal De Luca, que piensan diferente. Desde esta perspectiva hablar de un “partido judicial” es poner en términos políticos el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, y esto realmente es una definición totalmente antirepublicana. Esto como primer concepto. Como segundo concepto, y esto es lo que me parece más grave: hay una tendencia a hablar de la militancia dentro del sistema judicial. Entonces si yo pongo la cuestión en términos de militancia, voy a señalar que Justicia Legítima es militancia a favor del gobierno y el “partido judicial” es militancia de la oposición. Y esto también es particularmente grave y desnaturaliza las instituciones. ¿Por qué? Porque la militancia significa el sometimiento a un líder o a un partido, y las acciones que uno toma deben estar vinculadas con lo que mande el líder o el partido. El sistema judicial no es así porque no es para los militantes, es para todos. Entonces, más allá de la idea política que pueda tener un fiscal o un juez, la obligación del fiscal o del juez es hacer un análisis objetivo de la prueba y extraer de ello la conclusión jurídica que las leyes permiten.

 

 

-Porque las leyes las dicta el Congreso para todos, no para los militantes de A o los militantes de B. Entonces, poner las decisiones judiciales en términos de militancia es romper con la estructura del sistema institucional. Y si hay jueces o fiscales que actúan bajo el concepto de militancia, hay que decirlo claramente con todas las letras: son corruptos. Porque están corrompiendo el sistema, porque su obligación no es mirarlo desde la militancia sino mirarlo desde los hechos probados y el derecho aplicable, es una lógica totalmente distinta. Entonces, reitero, conceptualmente hablar en estas situaciones de “partido judicial” es ridículo, porque acá lo que hay son casos con conclusiones. Y por último, hablar de militancia, poner al Poder Judicial en términos de militancia desde Justicia Legítima o el Poder Judicial, lo único que hace es quitar el foco sobre la realidad de las investigaciones. Fíjese que no se habla de si Hotesur fue utilizado para lavado de dinero. Lo que se dice es si Bonadio (por el juez federal, Claudio) pertenece a un sector de la oposición, y esto no es lo importante para la gente: lo importante para la gente es saber si se lavó dinero o no. Esta es la clave. Lo importante para la gente es saber si la denuncia de Nisman tiene asidero en torno a si el tratado con Irán fue un complot para liberar la persecución de los iraníes con órdenes de captura o fue una decisión política no judiciable, esto es lo importante. Ponerlo en términos de “partido judicial” porque pertenecés a Justicia Legítima o no, me parece que es una acción política tendiente a desviar el foco sobre lo verdaderamente importante.

 

 

- Pongamos en claro una cosa: el 18F no fue la acción política de un partido judicial. Fuimos un grupo de magistrados, jueces y fiscales que decidimos rendirle un homenaje a Nisman por las circunstancias de su muerte. Yo siempre dije que si hubiera habido un minuto de silencio el 19 de enero, no se hubiera hecho el 18F. Lo que sí creo es que hay un sector dentro del Ministerio Público Fiscal y dentro del Poder Judicial denominado Justicia Legítima que sí actúa en términos de militancia, y esto nos parece particularmente grave porque se apartan del rol que la Constitución les asigna.

 

 

- Sí, claro. Y esto es lo grave. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con las subrogancias? En nuestro sistema constitucional, la designación de jueces y la de fiscales tiene una característica específica, porque son magistrados que están dotados de determinadas condiciones de inmunidades funcionales para garantizar su independencia, y acá una pequeña digresión: el sistema lo que debe otorgarle al fiscal o al juez es la posibilidad de ser independiente si quiere serlo. Si no quiere serlo el sistema tendrá otros anticuerpos, en todo caso, y eventualmente, el juicio político. Pero el sistema le debe garantizar independencia. Entre estas características está la inamovilidad, es decir, que uno no pueda ser removido de un “plumazo” solamente porque interpretó la situación jurídica o fáctica de una manera distinta a como le gusta al poder. El tema de las subrogancias es que pone a los magistrados en una situación de precariedad. A un secretario judicial que lo designan juez interino con la misma entidad de resolución con que se lo designó se lo puede revocar, con lo cual queda en una condición de precariedad y en esa condición es vulnerable a las presiones. Entonces nuestra crítica a las subrogancias como sistema es parte precisamente de que se vulnera la inamoivilidad de magistrado. Y por otro lado se burla el sistema de designación constitucional. Entonces, para ocupar un determinado cargo hay que tener antecedentes, hay que rendir un concurso, hay que ser seleccionado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado. Entonces resulta que se burla todo este sistema con el hecho de no cubrir las vacantes por el sistema institucional y nombro subrogantes a mi gusto y placer. Por eso es que cuestionamos este sistema. Por eso cuando advertimos que este modo de designación es sistemático y que quienes son designados deliberadamente y que los cargos más altos son ocupados por miembros de Justicia Legítima, que además Justicia Legítima es absolutamente minoritaria dentro de todo el sistema judicial nacional, es fácil concluir que hay una intencionalidad política de ocupar diferentes cargos con gente militante. 

 

 

- Pongámoslo desde dos planos: yo personalmente esto de acuerdo con la reforma procesal. Puedo tener diferencias de matices pero conceptualmente estoy de acuerdo. Punto uno. Punto dos: para implementar esta reforma procesal es necesario una ley que modifique al Ministerio Público y dictar una ley de implementación acorde. Con esto aclarado, los proyectos que se mandaron, son, salvo el de reforma del Código Penal para adecuarlo al federalismo que está muy bien, los proyectos de reforma del Ministerio Público y de implementación son una payasada. Y por qué son una payasada: no sé por qué decisión política, no quiero aventurar opiniones porque no me consta, la reforma procesal va a entrar en vigencia primero respecto de la Justicia ordinaria de la Capital Federal, que es la que de acuerdo con la Constitución va a tener que ser traspasada, tarde o temprano, a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la estructura judicial, el peso de la Justicia de la Capital Federal es muy importante, porque hay 49 jueces de instrucción, 14 correccionales, cámaras de apelaciones, 60 fiscales, 30 tribunales orales, es muy grande. Meterse a modificar esa estructura para adecuarla al Código nacional cuando necesariamente va a tener que pasar a la Ciudad que tiene un Código Procesal también acusatorio pero diferente, con estructuras judiciales diferentes, me parece que o es producto de una gran improvisación o tiene la intencionalidad de dejarle a la Ciudad montada una estructura de persona y de organización judicial que le va a ser muy difícil de desarticular. Entonces, en primer lugar esa concepción es un ataque al sistema. En segundo lugar, el Código Procesal Penal de la nación que se dictó recientemente es de muy difícil aplicación en el interior del país, porque prevé una gran intervención del juez en lugares donde hay un solo juez en 500 kilómetros a la redonda, y donde por la carga de trabajo no se justifica nombrar más jueces. Entonces por más que dividan al país en circunscripciones federales, en ese contexto, es inviable este código en semejante territorio. Entonces no es serio el armado que se planteó. También van a designar fiscales para hacerlos funcionar en el viejo, que es lo que se paró con las acciones de amparo. Y acá también hay una trampa: si la idea es licuar a los fiscales federales que no pertenecen a Justicia Legítima. También esto es una trampa. Estos proyectos carecen de seriedad. La ley del MPF vigente establece que se pueden armar grupos de trabajo a pedido de un fiscal o de un fiscal de Cámara pero que esas comisiones van a estar bajo la dirección del fiscal titular del caso. Esta última salvedad la sacan, con lo cual desde la Procuración General van a poder digitar cómo y quién maneja cada caso.

 

 

En términos objetivos esto no debería generar un mayor problema si pensamos un MPF con magistrados independientes e inamovibles y con una dinámica propia de un sistema acusatorio. Pero en Argentina es diferente la estructura institucional. El MPF argentino tiene una característica institucional totalmente diferente al, por ejemplo, norteamericano. El norteamericano integra el Departamento de Estado, de Justicia, y los fiscales son abogados que trabajan para este Departamento. Nosotros tenemos un artículo 120 de la Constitución que convierte al MPF en un cuarto órgano de Poder y donde habla de la independencia funcional y respecto de los otros poderes del Estado, y tiene una función institucionalmente asignada, que es promover la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Esta estructura nos obliga a tener un Ministerio independiente con magistrados independientes, inamovibles y que sean los responsables de los casos en los que les corresponde intervenir. Entonces esa trampa de la ley del MPF es muy compleja y es peligrosa, y es así en nuestro contexto cultural donde hay una tendencia a que el poder político de turno, sea este gobierno o el que viene, va a intentar tener incidencia sobre el Poder Judicial para que no avancen las investigaciones. Porque no nos olvidemos que finalmente el MPF está destinado a la Justicia nacional, que es la que está destinada a investigar al poder político. Entonces, sinceramente no es serio.

 

 

- Creo que uno de los temas en los que más se está equivocando la reforma es en mantener estratificadas las estructuras de los fiscales. Creo que para adaptar al MPF al sistema acusatorio y de acuerdo con las características del territorio y de la Justicia federal debería contemplar que el fiscal que inicie el caso lo lleve hasta el final y no establece diferentes instancias de fiscales de primera instancia, de Cámara, etcétera, porque lo importante es el funcionamiento de la investigación de cada caso y la cabeza que lo lleva. Estratificarlo en instancias significa que va a haber distintos modos de enfoque del caso, inclusive hasta jerárquicamente, lo cual torna al sistema menos transparente. También debería establecerse la posibilidad de que los reglamentos contemplen una forma más elástica de organización y variable según las demandas. Creo que el proyecto de ley de reforma del MPF trae más complicaciones que virtudes en ese sentido por cómo está organizado, porque si bien pienso que debe ser más elástico, también pienso que una vez que se asigna un fiscal a un caso, ese fiscal debe ser inamovible y que la designación no puede ser a dedo por parte del procurador.

 

 

- Yo lo que creo es que deben establecerse reglamentos que sean claramente transparentes, donde no quepa la posibilidad de que los concursantes conozcan el contenido de los exámenes antes del examen, ya que hay casos donde se ha comprobado esta situación y donde median denuncias penales por este motivo. Debería caber la posibilidad de que las organizaciones que nuclean a los fiscales tengan a los concursos como un modo de contralor de la transparencia de los concursos, y mucho más que eso no se puede hacer. A mí me tocó participar en la redacción de la ley del MPF y en el sistema de concursos y lo cierto es que lo pensamos bastante; dejamos abierto un margen para la intervención de la política con el tema de la terna y que no sea el primero del concurso, porque de alguna manera la política va a interceder y se terminarían falseando los concursos y ahora se hicieron las dos cosas. En realidad hay un problema complejo, y es que los operadores si quieren hacer trampa la van a hacer, sea cual sea la forma, entonces me parece que el único modo de otorgar transparencia es darle participación a organizaciones imparciales que puedan ejercer determinados marcos de contralor en ese sentido. Finalmente, la designación del fiscal termina siendo un acto político porque actúa el Ejecutivo con la aprobación del Senado, y ese sentido creo que lo que hay que hacer sí es garantizar la inamovilidad, porque en definitiva, el eventual compromiso que pueda tener un fiscal con un sistema político cambia con la próxima elección. Y sí establecer sistemas de control de gestión para que los fiscales cumplan adecuadamente su función. Me parece que es la única solución.

 

 

- Creo que el fiscal de turno que toma conocimiento de un hecho delictivo lo tiene que investigar. No debe existir una limitación judicial a la investigación más allá de las que tiene ver que con el cumplimiento de garantías. Fíjese que estamos hablando de limitar la investigación de un fiscal y nadie habla de limitar la investigación de la Policía, y la Policía, ¿a quién pertenece? Al Poder Ejecutivo. Aunque da la casualidad que no hay casos de corrupción investigados por la Policía, entonces esta cuestión de que el juez pueda, como en el caso de Rafecas, decir “no se investigue”, me parece que es bastante complicado. Yo creo que el juez debe aparecer en el marco de una formulación concreta de cargos y entonces sí pronunciarse sobre si hay sustento o no para ir al juicio. Pero no para coartar una investigación.

 

 

- No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, en términos generales, que impedir las marchas es criminalizar la protesta social. La protesta social debe existir, es una garantía constitucional, pero como todas las garantías constitucionales no son ilimitadas. El artículo 28 de la Constitución establece que los derechos se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, y que hay un principio básico de convivencia en un estado democrático, y es que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, unno tiene derecho de protestar pero no tiene derecho a que su protesta sea un martirio para el resto de la gente. Hay momentos y ámbitos para protestar. En Capital Federal, lo que establece el Código Contravencional es que la interrupción de la vía pública solamente está permitida en el marco del ejercicio de las garantías constitucionales y con aviso previo. El aviso previo es a fin de que se pueda analizar, a ver, cuántas personas son las que protestan. Cuatro personas no pueden cortar la avenida Rivadavia a la altura del Congreso, porque están generando un caos, y como siempre digo, cuando se planteo el ejercicio de estos derechos tiene que pensar que puede haber una persona que tiene ganas de ir al baño o que esté llegando tarde a una cita importante, o que tenga sed, y uno lo está metiendo en un embotellamiento porque considera que su problema es más importante que el de cientos o miles de personas que quedan embotelladas. Desde esta perspectiva el Ministerio Público de la Ciudad estableció en 2003 una serie de directivas sobre cómo encausar las marchas. Estas directivas se cumplieron hasta que asumió Macri. Cuando asumió su primer mandato, la Policía recibió órdenes concretas del Ministerio del Interior de no atender las directivas de los fiscales sobre cómo organizar las marchas. Así fue expresado continuamente.