04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Lorenzetti en comisión

La Corte Suprema rechazó una recusación contra Ricardo Lorenzetti, solicitada por un abogado que sostuvo que el presidente del Máximo Tribunal adelantó que les iba a tomar juramento a los dos candidatos del Ejecutivo para integrar el Cuerpo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz. Además, dos legisladoras del Frente para la Victoria presentaron un pedido ante el Ministerio de Justicia para que se brinde información curricular y la declaración jurada de los dos postulantes

La designación en Comisión de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de parte del Poder Ejecutivo provocó una contraofensiva en el plano judicial y legislativo.

Luego del fallo del juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que dispuso como medida cautelar que suspendió cautelarmente los efectos del Decreto 83/2015, que designó bajo el procedimiento en "Comisión" a los abogados Rozencrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema de Justicia der la Nación, en las últimas horas se conoció que un abogado, Carlos José Díaz, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y además recusó a su presidente, Ricardo Luis Lorenzetti.

El letrado sostuvo que el titular del Alto Tribunal adelantó que les iba a tomar juramento a los jueces designados en comisión, por lo que encuadrar´ía en la causal de prejuzgamiento. Además señaló que los medios de comunicación reflejaron la noticia der que el titular de la Corte y el presidente Mauricio Macri mantuvieron una reunión para analizar “la manera de continuar en relación a los abogados propuestos en el decreto 83/15”.

En la causa, caratulada "Díaz, Carlos José c/ Estado Nacional s/ amparo", la Corte, con las firmas del propio Lorenzetti, junto con los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazó in limine el pedido. Adelantó, en principio, que "cuando las recusaciones introducidas por las partes con respecto a los jueces de la Corte son manifiestamente inadmisibles, deben ser desestimadas de plano".

Los magistrados además señalaron que en esas condiciones "la recusación deducida resulta claramente improcedente, ya que ni los argumentos expresados por el peticionario, ni los elementos de ponderación acompañados permiten tener por configurados los hechos descriptos".

"Incluso, aun tratando de comprender el impropio planteo del recusante, las expresiones que se le atribuyen al señor juez Ricardo Luis Lorenzetti tampoco permitirían anticipar cuál habría de ser su criterio para resolver la presente causa, dado que ni siquiera se referirían a la validez de la norma impugnada, ni al procedimiento de designación allí establecido", subraya el texto del fallo.

El Máximo Tribunal de Justicia criticó "la falta de seriedad de la recusación formulada", lo que determinó que la misma "deba ser rechazada en forma liminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por aplicación de la reiterada doctrina del Tribunal citada supra, pues de lo contrario se correría el riesgo de permitir el apartamiento de los jueces naturales de la causa por la simple reproducción de comentarios de terceros que arrojan hipótesis acerca de la intencionalidad de los magistrados en la toma de decisiones propia de su función jurisdiccional". 

El frente legislativo

Por otra parte, desde el Frente para la Victoria (FpV): además de varias presentaciones judiciales, los legisladores ambas cámaras del bloque llevaron a cabo reclamos públicos por la "forma" en que se dispuso esta decisión.

Después de varios señalamientos en este sentido, las diputadas Carolina Gaillard y Araceli Ferreyra (FpV) presentaron un requerimiento al ministro de Justicia Germán Garavano para que brinde información sobre el currículum y las declaraciones juradas de los dos jueces designados por el presidente Mauricio Macri vía decreto, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, quienes asumirán sus funciones en febrero próximo.

Los diputados del Frente ya habian presentado una acción en este sentido pero tendiente a que el proceso cuente con la participación popular debida. También se sumó a esta iniciativa, aunque desde su espacio político, la senadora Magdalena Odarda (FAP-UNEN), quien recordó la disposición que llevó a cabo el difunto ex presidente Néstor Kirchner en torno a la participación popular en el debate.

En declaraciones a diversos medios periodísticos, Gaillard señaló que "las declaraciones juradas son solicitadas con el fin de permitir la evaluación objetiva de la existencia de posibles incompatibilidades o conflictos de intereses por parte de los jueces designados".

"Ante un hecho tan aberrante en lo político y en lo jurídico como es la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, como lo hizo el presidente Mauricio Macri, sin acuerdo ni consenso, es nuestra responsabilidad como legisladoras conocer y hacer conocer al pueblo los antecedentes completos de quienes estás siendo postulados para un cargo de tal importancia", espetó la diputada.

"Rosenkrantz fue abogado de Clarín y Cablevisión, dato que además fue borrado de la lista de clientes del estudio jurídico del cual es socio fundador. Pero se hace necesario tener certezas sobre esa información, ya que la Corte debe resolver, por ejemplo, sobre causas que involucran a esas empresas", añadió al respecto su par Ferreyra.

Los antecedentes más reconocidos de Carlos Rosenkratz son su participación en el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, donde se especializan en Derecho Constitucional y casos de complejidad jurídica. Además, es rector de la Universidad de San Andrés y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA). También fue asesor del ex y difunto presidente Raúl Alfonsín.

Horacio Rosatti tiene, en cambio, una carrera algo más notoria ya que fue ministro de Justicia durante el mandato de Néstor Kirchner, entre 2004 y 2005; fue procurador general del Tesoro, intendente de Santa Fe y nada menos que conjuez de la Corte Suprema. En ese cargo, se inclinó a favor del pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces.

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