Pasaron los decretos y las audiencias públicas, pero la Corte Suprema de Justicia continúa funcionando con tres miembros. Cinco meses después del Decreto “en comisión” y tras el anuncio de que el Máximo Tribunal funcionaría con todos sus miembros en abril, la llegada de Rosatti y Rosencrantz a Talcahuano se encuentra trabada por negociaciones sobre la devolución de los fondos de coparticipación. Casualmente, por un fallo del propio Tribunal.
Parece lejano cuando a mediados marzo todo se perfilaba para que a principios de abril la Corte Suprema funcionara finalmente con los cinco miembros exigidos legalmente, tras un año y medio en el que el Máximo Tribunal funcionara con cuatro (luego de la renuncia de Raul Zaffaroni) y finalmente con tres integrantes (tras el alejamiento de Carlos Fayt).
Es que los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, con dictamen favorable desde la Comisión de Acuerdos del Senado desde el 16 de marzo, se encuentran en stand by. El motivo: serán moneda de cambio en las negociaciones con las provincias por la devolución de los fondos coparticipables y también entran en la pulseada por la Ley Antidespidos. La conformación del Máximo Tribunal, una vez más, se encuentra trabada por el contexto político.
Un proceso atravesado por cuestiones coyunturales
A pocos días de asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri firmó el Decreto 83/2015 por el que designaba “en comisión” – mecanismo admitido por el artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional - a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, Macri abría el camino para que se llevara a cabo el procedimiento de consulta exigido por el Decreto 222/03, que regula la llegada de los jueces al Máximo Tribunal.
El decreto, impugnado judicialmente ante distintos Tribunales – que incluyeron medidas cautelares que impedían la toma de juramento para el cargo- finalmente no tuvo efecto, ya que desde el oficialismo se optó por transitar los mecanismos del Decreto 222. Además de ello, tanto Rosatti como Rosenkrantz admitieron en las audiencias públicas ante el Senado que no hubieran asumido “en comisión”.
Pero tras sortear las audiencias y los anuncios optimistas del ministro de Justicia, Germán Garavano, que anunció que a fines de marzo o principios de abril la Corte estaría funcionando con cinco miembros, la urgencia por la llegada de nuevos ministros a la Corte se diluyó entre una catarata de novedades judiciales en las causas por corrupción, y una agenda parlamentaria que discurrió entre el debate por las leyes que habilitaron el pago a los holdouts y las negociaciones por el proyecto de Ley Antidespidos.
En ese contexto, el gobierno de Cambiemos, que necesita dos tercios de los votos de la Cámara Alta para aprobar los pliegos de los candidatos, deberá negociar con los otros bloques parlamentarios para que las postulaciones lleguen a buen puerto. La principal moneda de cambio, paradojalmente, es el cumplimiento de un fallo de la propia Corte Suprema, cuando en uno de sus últimos acuerdos de 2015, dispuso que se le devuelvan a tres provincias un 15% de los fondos coparticipables.
En el medio de esa disputa también se colaron otras propuestas que, en mayor o menor medida, influyen en la llegada de Rosatti y Rosenkrantz. De un lado, la propuesta de un ampliación del Máximo Tribunal, promovida desde sectores de la oposición, que buscan también llevar un candidato “propio” para la Corte.
Desde otro, la propuesta de que uno de las dos vacantes en la Corte sea ocupada por una mujer, apoyada principalmente desde el massismo. En ese sentido, incluso circuló la idea de postular la llegada de la diputada Margarita Stolbizer al cuarto piso del edificio de Talcahuano 550.
Sin ninguno de esos canales abiertos, desde el oficialismo buscarán destrabar la cuestión ofreciendo mejoras en la devolución de los fondos coparticipables, sin llegar al 15% dispuesto en el fallo del Alto Tribunal.
El clima no ayuda
El arribo de nuevos supremos se ve envuelto, una vez más, en el contexto político, tal como ocurrió con las dos últimas candidaturas. En Enero de 2015, tras el alejamiento de Raúl Zaffaroni, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso a Roberto Carlés para ocupar su vacante. Carlés llegó a presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, pero hubo un pacto entre los distintos espacios de la oposición al kirchnerismo, para que no debatir sobre la llegada de un nuevo miembro al Máximo Tribunal dado que se estaba en un año electoral en el que se definía un cambio de gobierno.
El “cerrojo” para la Corte se mantuvo, pese a que el entonces oficialismo retiró el pliego de Carlés y el alejamiento del ministro decano Carlos Fayt, quien anunció su alejamiento del Máximo Tribunal en septiembre pasado, para hacerse efectivo en diciembre, un día después de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder.
La ex mandataria propuso antes de las elecciones de octubre a Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como candidatos, y pese a que se llevó adelante el procedimiento exigido por el decreto 222, y los pliegos de ambos llegaron al Senado, la Cámara Alta no logró tratarlos.
Es que en el medio de todo Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales tras imponerse a Daniel Scioli en el ballotage de noviembre, y con el cambio de color en el Poder Ejecutivo y el recambio en ambas Cámaras del Congreso, los pliegos cayeron por su propio peso. Lo que se vio confirmado luego de la asunción de Macri, con las designaciones “en comisión”.
Pero como si fuera el mito del eterno retorno, las cosas volvieron como al principio, a la espera de que a fines de mayo o mediados de junio, los pliegos se voten de una vez ante el pleno del Senado.