En un clima de tensión, la Legislatura porteña ratificó los convenios de transferencia de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad. La reunión debió ser interrumpida al mediodía, cuando un grupo de manifestantes ingresó al recinto con carteles y pancartas contra la iniciativa. Ahora el debate se trasladará al Congreso de la Nación.
Entre gritos y protestas, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó los convenios de traspaso de la Justicia de Relaciones de Consumo, la Inspección General de Justicia, la Justicia Penal Ordinaria y el Registro de la Propiedad Inmueble. Ahora, la iniciativa pasará al Congreso de la Nación para su ratificación final.
La sesión debió ser interrumpida al mediodía, cuando integrantes del gremio judicial ingresaron al recinto con carteles y pancartas contra el traspaso, ante el asombro de los legisladores porteños. La postura de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, no es nueva. El gremio manifestó su disconformidad en reiteradas ocasiones con jornadas de paro y movilización, bajo los lemas “No al traspaso” y “No a la flexibilización laboral”.
La ratificación de los convenios se dio en el marco de una sesión especial, ya que la reunión prevista para el pasado 30 de marzo fue postergada por la muerte del presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani.
Los detalles de la discusión legislativa
Tras un cuarto intermedio, el presidente del bloque oficialista, Francisco Quintana (PRO) se comprometió a crear "una comisión especial para atender las situaciones colectivas y particulares de los trabajadores judiciales"; mientras que el legislador porteño del PRO y presidente de la comisión de Justicia, Daniel Presti, afirmó que “todo cambio genera incertidumbre”, pero destacó que “se van a garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores”.
Presti defendió la “plena autonomía” de la Ciudad y dijo "no entender por qué los jueces nacionales resuelven cuestiones netamente locales, por ejemplo, un divorcio o un accidente de tránsito”. Y añadió: “Es un día muy importante para la Ciudad”.
En tanto, los legisladores del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) Marcelo Ramal y Laura Marrone expresaron su rechazo a la iniciativa, al entender que “están en juego derechos" laborales y así plantearon los riesgos que supone la transferencia.
A su turno, el legislador del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps argumentó que “en todas las reuniones participaron representantes de los trabajadores y han expresado opiniones fundadas”, y aclaró: “Todos hemos observado que en los acuerdos faltaba compromiso para que los derechos de los trabajadores sean considerados”.
La diputada porteña por la CC-ARI, Paula Oliveto Lago detalló que “no hay un pase compulsivo de los jueces” porque “se pasan juzgados vacantes y no se altera el principio de juez natural”, y añadió: “No hay nada más injusto y unitario que un pobre de Santiago del Estero le pague el servicio de justicia por divorcio a dos familias de Recoleta”.
“Los integrantes de la Justicia de la Ciudad no son trabajadores de segunda. Trabajadores de segunda son aquellos que, lamentablemente, tienen que ir a trabajar a juzgados que dan vergüenza, porque nosotros tenemos una Corte Suprema rica y un montón de juzgados pobres”, remarcó Oliveto.
Roy Cortina, legislador por el Partido Socialista, defendió el traspaso y aseveró que "la Ley Cafiero le produjo un gran daño a los porteños” porque “le retaceó la función jurisdiccional y atrasó el proceso de autonomía de la Ciudad".
“Veo complejo que se aprueben los convenios en el Congreso Nacional”, advirtió Cortina y opinó: “Tenemos rango de provincia, elegimos a nuestro jefe de Gobierno, elegimos a nuestro Poder Legislativo y necesitamos tener nuestra propia Justicia. El traspaso es un avance y una oportunidad de transformación”.
Por último, el diputado porteño Carlos Tomada (FpV) coincidió en la necesidad avanzar en la autonomía de la Ciudad, pero manifestó su preocupación respecto a la situación de los trabajadores y se preguntó: “¿Cuál es el apuro? ¿Por qué tratar esto como un trámite administrativo?”.
Posturas opuestas
Ante el inminente tratamiento de los convenios, los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad publicaron una solicitada en defensa del traspaso y ratificaron que los empleados, funcionarios y magistrados transferidos "conservarán todos y cada uno de los derechos que les son inherentes como trabajadores de la Justicia Nacional”.
"La autonomía de la Ciudad, es un valor esencial que debe ser respetado y tutelado, para garantizar que todos sus habitantes tengan los mismos derechos que quienes habitan las restantes provincias de nuestro país; y así consagrar la igualdad de todos los ciudadanos de la Nación en su derecho de regirse por sus propias normas, organizar sus propias instituciones, elegir y supervisar indirectamente a sus autoridades judiciales a través de sus representantes", señaló el aviso publicado en los periódicos.
El texto aclaró que la Ciudad cuenta "con la infraestructura necesaria, tecnología de última generación, estándares de trasparencia institucional, recursos humanos altamente capacitados y procedimientos ágiles" para incorporar con "eficiencia" las nuevas estructuras.
La solicitada causó sorpresa y malestar entre los jueces y funcionarios nacionales, quienes, en su gran mayoría, se resisten al traspaso. Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) mostraron su preocupación respecto a la “intangibilidad de sus remuneraciones, antigüedad, categoría, obra social y derechos previsionales" de los trabajadores que integran los órganos transferidos.
“Aunque pueda resultar hiriente a los interesados en la transferencia, debemos recordar que la ciudad de Buenos Aires, aun con su régimen de gobierno autónomo, no es una provincia de las que constituyeron la Federación, sino un territorio federalizado en 1880 como traumática culminación del proceso de organización nacional”, afirmó la entidad que preside María Lilia Díaz Cordero.
A través de un comunicado, la AMFJN cuestionó la trasferencia y sostuvo que “no especifica de qué modo conservarán su categoría, toda vez que los regímenes de ascensos difieren entre sí; la intangibilidad de sus remuneraciones no prevé los incrementos salariales que habitualmente se otorgan a nivel nacional; no se han previsto las necesidades edilicias, informáticas y de compatibilización de sistemas de gestión de expedientes”".