Una Acordada de la Corte Suprema establece la eliminación del formato papel de las notificaciones a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que pasarán a ser íntegramente digitales. Todos los fiscales deberán validar su domicilio electrónico a partir de septiembre. La imposibilidad de “subir” los dictámenes al sistema, una de las razones.
La Corte Suprema de Justicia le puso fin al formato papel en las notificaciones judiciales al Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en el acuerdo del último martes, por medio de la Acordada 23/2017, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
A partir del primer día hábil de septiembre, todas las notificaciones judiciales que se hacen “al domicilio físico constituido o con la modalidad prevista por las notificaciones en formato papel”, se deberán reemplazar por Notificaciones Electrónicas, de acuerdo a lo que estipulan las distintas acordadas que implementaron paulatinamente el uso del medios digitales para efectuar este tipo de diligencias.
“Resulta conducente a esta altura de la implementación y a fin de avanzar en este proceso de informatización y digitalización de los expedientes judiciales, contar con la registración de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal (Fiscales) de todas las instancias y todas las jurisdicciones Nacionales y Federales de todo el país”, argumentan los supremos al disponer la medida.
Según los números con los que cuenta el Máximo Tribunal, desde la imposición del expediente digital se enrolaron e interactuan con el sistema de gestión judicial: 61557 Abogados del Colegio Publico de la Capital Federal; 34205 Abogados de Provincia con Matricula Federal; 155 Abogados que actúan en "causa propia"; 30759 Peritos, Síndicos y demás auxiliares de la justicia; 980 Apoderados de Partidos Políticos; 768 Defensores Oficiales; 280 Fiscales; 374 Defensorías y 354 Fiscalías.
En la acordada, los supremos reconocen que “desde el inicio de esta implementación”, la Procuración General de la Nación ha tenido “una postura abierta respecto del enrolamiento de la totalidad de los Agentes Fiscales de todo el país para todos los fueros”, permitiéndole a algunos que no se registraran.
La consecuencia de esta “libertad de acción”, afirma la Corte, es que muchos Agentes Fiscales carecen de Identidad Electrónica Judicial, Domicilio Electrónico, lo que trae aparejada “la falta de aptitud para recibir Notificaciones Electrónicas, interactuar con el Sistema de Gestión Judicial, subiendo dictámenes y escritos”.
No sólo eso, la Corte detalla que además, en el curso este año se agregó el trámite de los Expedientes de Reparación Histórica del fuero de la Seguridad Social. Los que, por ser totalmente digitales, requieren la identificación electrónica de todos los que intervengan. “Por lo que la falta de registración de algunos Fiscales impide no solo su notificación, sino también la correcta transferencia de archivos digitales” criticaron los supremos.
A principios de julio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal había efectuado un reclamo en ese sentido. Por medio de su titular, Jorge Rizzo, puso al corriente al Máximo Tribunal sobre la necesidad de que el dictamen fiscal también pueda ser accesible en el sistema informático del Poder Judicial.
Con esta medida, se deberá proceder a la validación y registración automática de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que a la fecha no se encuentren registrados en el Sistema Único de Autenticación de Usuarios (SAU). Este procedimiento, además, será realizado a través de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura y la Dirección de Sistemas de la Corte.