El juez Germán Castelli presentó un "per saltum" para frenar la revisión de su traslado al TOF 7. La Comisión de Acuerdos del Senado ya emitió dictamen en rechazo del pliego, el que sería ratificado en el recinto en los próximos días.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos, Germán Castelli, interpuso un “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la revisión de su traslado.
Su nombramiento fue recientemente objetado por el Consejo de la Magistratura de la Nación por no haber completado el procedimiento constitucional, específicamente la aprobación por parte del Senado. En idéntica situación se encuentran los pliegos de otros nueves jueces trasladados entre los años 2015 y 2018.
Castelli fue nombrado magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, en 2011. Y, en 2018, fue trasladado al TOF 7 en la vacante que dejó Guillermo Yacobucci tras ser nombrado como vocal en la Cámara Federal de Casación Penal.
El último viernes, la Comisión de Acuerdos del Senado decidió no prestar acuerdo y rechazar su pliego junto con el de sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes decidieron no concurrir a la audiencia pública por considerar que la reunión era “ilegal”.
"Su incomparecencia a la audiencia pública evidencia su contumacia de cara al trámite complejo, su desapego al orden institucional y su inidoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto", señala el dictamen de la Comisión que será tratado en el recinto en los próximos días.
Castelli siguió los pasos de Bertuzzi y Bruglia, y decidió judicializar su caso. Solicitó la suspensión del tratamiento de su pliego, pero el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 desestimó la medida cautelar.
El juez sostuvo la legalidad su designación y argumentó la "falta de competencia" del Consejo para revisar su traslado, como también esgrimió la “imperiosa necesidad” de que el Alto Tribunal intervengan revocando la decisión y disponiendo la medida cautelar solicitada hasta que haya un pronunciamiento firme en la materia.
Ante el rechazo, el juez del TOF 7 dedujo un recurso extraordinario por salto de instancia ante el Máximo Tribunal. Fundamentó, entre otras cuestiones, que la resolución del Consejo de la Magistratura es una “maniobra ilegal” para apartarlo como juez natural de los procesos donde se juzga a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y que se encuentran radicados en el juzgado donde se desempeña como titular. Se trata de tres expedientes por casos de corrupción, incluido el caso de los cuadernos.
El juez sostuvo la legalidad su designación y argumentó la "falta de competencia" del Consejo para revisar su traslado, como también esgrimió la “imperiosa necesidad” de que el Alto Tribunal intervengan revocando la decisión y disponiendo la medida cautelar solicitada hasta que haya un pronunciamiento firme en la materia.
“La resolución judicial que deniega la medida cautelar, y que aquí se cuestiona, impacta de lleno en la estabilidad e independencia de un juez de la constitución puesto que de no remediarse a tiempo, daría lugar a que el ataque institucional, denunciado como prepotente y coordinado, pueda dar lugar a la remoción encubierta del suscripto como titular del TOF N°7 de CABA, cuanto menos temporariamente, lo que no solo afectaría la situación jurídica consolidada del suscripto, sino a la sociedad toda”, concluyó.