“Como ha sucedido hasta ahora, recurrimos otra vez a la Justicia para impedir que Lavagna y Duhalde golpeen los bolsillos de la gente, aumentando la luz y el gas, servicios elementales en la economía de los argentinos”, declaró la Ombudsman porteña, Alicia Oliveira.
La presentación de hoy fue realizada por Alejandro Marcelo Nató, Defensor del Pueblo Adjunto, que está en ejercicio de las funciones como Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de la titular, Oliveira, y en ella solicita que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del decreto 146/2003, y consecuentemente su inaplicabilidad, “sin perjuicio del pedido de nulidad absoluta e inconstitucionalidad del Decreto Nº 120/2003, así como de todo acto administrativo que ejecute, formalice o materialice el ilegal aumento de tarifas que aquí se cuestiona”.
Para la Defensoría, “el nuevo decreto de necesidad y urgencia impugnado (Nº 146/2003), añadidura necesaria del Nº 120/2003, al igual que éste, modifica y altera las estipulaciones de una ley esencial emanada del Congreso Nacional y dispone aumentos tarifarios inconsultos; sin tener en cuenta las prescripciones de la Ley de Emergencia Económica Nº 25.561 (artículos 8º, 9º y 10º) y en violación a los derechos de los usuarios y consumidores dispuestos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y las garantías del debido proceso previstas en el ordenamiento de participación y acceso a la información pública incluidas en los distintos marcos regulatorios de los servicios públicos, los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en el artículo 75 inc. 22 de la C.N. y la Convención Americana de Lucha Contra la Corrupción”.
También se reitera la necesidad de que el juez interviniente, Martín Silva Garretón, habilite la feria, puesto que “el decreto de necesidad y urgencia que se impugna, de no declararse en forma fulminante su nulidad absoluta e inaplicabilidad, tal como se detallará luego, conllevará se dispongan automáticamente importantes incrementos en las tarifas de gas y energía eléctrica”.
Los barrios contra las tarifas
Por su parte, representantes de las Asambleas Barriales solicitaron al juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Silva Garretón que habilite la feria y declare inconstitucional el aumento de las tarifas.
Las Asambleas Barriales – Comisión Privatizadas pidieron el magistrado que haga lugar al planteo de las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para detener el incremento de las tarifas de los servicios públicos autorizado por un decreto presidencial.
“Por esta vía, el gobierno Nacional pretende consolidar aumentos tarifarios sobre gas y luz, desconociendo lo resuelto por la Justicia y en contra de lo legislado por la ley, pero sobre todo, en contra de la realidad que padece la inmensa mayoría del Pueblo Argentino”, señala el papel.
La agrupación se refiere al decreto que modifica los artículos 8 y 9 de la ley 25.561 de Emergencia Pública, por el cual le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de decidir modificaciones en las tarifas sin otros requisitos.
A su turno, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina (ADECUA) expresó mediante un comunicado de prensa que "uno de los temas que más enarboló el presidente (Eduardo Duhalde) en los foros internacionales, la seguridad jurídica, acaba de canjearlo por la impunidad jurídica".
Los titulares de la entidad, Sandra González y Osvaldo Riopedre, dijeron que "hace un año que el Gobierno insiste en apelar a métodos que consagran la ilegalidad; ya lo han determinado dos jueces, pero el presidente persiste en su actitud”.
“Lamentable, el resultado de este estado de cosas indica que aquí, la participación de la gente, es sólo para pagar, y está absolutamente desprotegida porque los legisladores de la oposición no hablan, increíblemente nadie sale desde el Congreso de la Nación a rechazar el ajuste", añadieron.