En el medio de la discusión por las clases presenciales, la Justicia porteña ordenó al Ejecutivo local que no compute las faltas a los alumnos que no concurran a los establecimientos y se les garantice la escolaridad de forma virtual.
Un grupo de padres y madres de alumnos de los niveles inicial y primario, que asisten a instituciones educativas de gestión estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires, reclamaron poder elegir el modo de educación -presencial o a distancia- mientras dure la emergencia sanitaria.
Solicitaron, puntualmente, que “se respete la decisión de aquellas familias que decidan no concurrir” de forma presencial, sin que esto signifique la “supresión de la vacante escolar, la quita de beca alguna, la pérdida de regularidad, ni el conteo de faltas o cualquier otro tipo de sanción administrativa intra-escolar”. De este modo, las familias pidieron continuar la educación de sus hijos de manera virtual “sin ninguna merma curricular”.
El caso terminó en el Juzgado N° 13 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, a cargo de Guillermo Scheibler, quien ordenó al Gobierno de la Ciudad que "se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos y adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado", hasta tanto la Corte se expida “respecto a la constitucionalidad del artículo 2 del DNU 241/2021 o hasta el cumplimiento el plazo dispuesto en dicho artículo, lo que ocurra primero”.
En las últimas semanas se produjo un aumento significativo de casos de COVID — con un pico de casi 30.000 nuevos contagios el pasado 16 de abril-, lo que derivó en el DNU 241/2021 del Ejecutivo Nacional que dispuso “la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021” en el AMBA.
La decisión del Gobierno nacional fue impugnada ante la Corte Suprema por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El ya de por sí delicado escenario sanitario se ve así complejizado por decisiones cruzadas entre órganos de distintos poderes y jurisdicciones, cuadro que se agudiza con el correr de las horas ante nuevas presentaciones, denuncias, declaraciones de diversos actores institucionales, etc”, advirtió el magistrado porteño tras analizar la situación actual.
“Se trata de una realidad dramática y dinámica, frente a la cual los órganos ejecutivos competentes no están ofreciendo en este momento una respuesta coordinada”, concluyó Scheibler.
Y agregó: “Un inédito cuadro de polarización extrema se va configurando progresivamente en una temática que debería encontrar un punto de consenso en la búsqueda de las medidas necesarias para preservar la salud de la población con el menor desmedro posible de la educación y otras actividades esenciales”.
El juez destacó que los padres de niños y adolescentes en edad escolar han sido testigos en estas últimas horas de una “escalada de confusión”, “violencia verbal”, “discusiones interminables” y “angustia indescriptible”, lo que genera de “incertidumbre respecto del camino a seguir, a cuál es la mejor política sanitaria y educativa que el momento requiere”.
“Se trata de una realidad dramática y dinámica, frente a la cual los órganos ejecutivos competentes no están ofreciendo en este momento una respuesta coordinada”, concluyó Scheibler.