Tras la sanción de la ley que le permite al STJ porteño revisar sentencias de las Cámaras Nacionales, diferentes agrupaciones y entidades anunciaron que irán a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad. Fuertes críticas de Sitraju, Justicia Legítima y el CPACF,
La Legislatura porteña aprobó la modificación de la regulación vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales en la Ciudad, a fin de posibilitar su realización de manera virtual o mixta así como la implementación de notificaciones electrónicas en los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia local.
El proyecto de la legisladora María Luisa González Estevarena (VJ), sin embargo, introdujo un artículo que admite el recurso ordinario “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la Ciudad o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal, en los casos en que la Ciudad sea parte y cuando el valor disputado en último término y por cualquier concepto supere el mínimo establecido en el artículo 26 inciso 6) de la Ley 7”.
La iniciativa fue aprobada con 38 votos afirmativos de VJ, UCR, Gen y PS y 2 negativos de FdT e izquierdas, tras una acalorada discusión entre los legisladores. En la práctica, esta modificación permite al Máximo Tribunal local entender en sentencias dictadas por la Justicia Nacional de la Capital Federal y significa un nuevo paso hacia el traspaso.
A penas se conoció la propuesta legislatura, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazaron de plano el texto y advirtieron que se trata de una “reforma inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresaron los diferentes agrupaciones que conforman la Asociación de Magistrados. La Lista Bordó consideró que el proyecto “se presenta como consecuencia de puro voluntarismo político” y sostuvo que “deberá ser puesta inmediatamente bajo control judicial de constitucionalidad”; mientras que la Lista Celeste afirmó que se trata de una “intervención” y “subordinación de la justicia nacional” en “violación de la Constitución Nacional y las leyes federales”.
Con el proyecto aprobado, el ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo, anunció que se presentarán en la justicia “para pedir su tacha”. “Otro copamiento del Poder Judicial. Vergonzosa decisión de la Legislatura que agregó otra instancia a los procesos No solo es inconstitucional sino que encarece los procesos y los dilata indefinidamente”, sostuvo a través de su cuenta de la red social Twitter.
En el mismo sentido se expresaron los diferentes agrupaciones que conforman la Asociación de Magistrados. La Lista Bordó consideró que el proyecto “se presenta como consecuencia de puro voluntarismo político” y sostuvo que “deberá ser puesta inmediatamente bajo control judicial de constitucionalidad”; mientras que la Lista Celeste afirmó que se trata de una “intervención” y “subordinación de la justicia nacional” en “violación de la Constitución Nacional y las leyes federales”.
A estas críticas se sumó el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) y los integrantes de la Asociación Justicia Legítima al entender que “constituye una amenaza al sistema federal de gobierno y un alzamiento de la Ciudad que no se puede dejar pasar”.
"Es general el rechazo al intento loco por una legislatura local de subordinar la Nación a la voracidad de un centralismo porteño anacrónico y violatorio del federalismo y la Constitución Nacional", expresó el secretario general de la UEJN, Julio Piumato.