Un juez declaró la limitación de capacidad para realizar actos jurídicos a título oneroso y contraer matrimonio a una mujer que tiene una discapacidad intelectual de tipo moderado y sufrió abusos sexuales de parte de varios de sus familiares. El magistrado aclaró "necesita de una integración social, pero empática, con una mirada desprejuiciada"
En autos “B., L. C. – Demanda de Limitación a la Capacidad”, el Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia con Competencia en Violencia Familiar y de Género de 1° Nominación de Jesús María Limitar el ejercicio de la capacidad de L. C. B. para realizar actos jurídicos a título oneroso y gratuito de disposición., contraer matrimonio, disponer libremente de su cuerpo en el sentido de donar órganos etc., dejando a salvo, los gastos que requiera realizar para su la vida cotidiana.
La asistencia legal del causante L.C.B. reclamó que se limite su capacidad, por cuanto padece de "discapacidad intelectual de tipo moderado”, ya es mayor de edad, presenta una marcada limitación de capacidad y no cuenta con familiares que puedan representarla, por lo que consideró que la mejor manera de proteger su persona e intereses es solicitar la declaración de limitación de capacidad y la designación de un curador que la represente.
Relató que la joven fue víctima de delitos contra la integridad sexual por parte de sus propios familiares, tiene una edad madurativa que corresponde a una edad cronológica que oscila entre los 4 y 5 años de edad y por tal motivo podría encontrarse en una situación de riesgo, debido al estado de su salud mental y atento a la circunstancia de desprotección jurídica en la cual se encuentra.
El juez Luis E. Belitzky admitió el reclamo y designó como apoyo a uno de sus hermanos para que la represente en los actos de la vida civil. “No tiene referentes afectivos y no aparecen personas interesada en ella y en su futuro, más que su hermano”, enfatizó el magistrado.
En esa línea el magistrado se comrpometió a ir una vez por mes personalmente hasta la comuna para conversar con ella, con el jefe comunal y con fuerzas vivas de la localidad, para que “entre todos, sin ‘pisarnos’ competencias logremos la máxima restauración de derechos en L. C.”.
“Necesita de una integración social, pero empática, con una mirada desprejuiciada, libre de estereotipos, entendiendo que no solo es una persona que sufre una patología que limita su capacidad sino que además, ha sido víctima de diversos hechos que la afectaron desde niña, y que han vulnerado sus derechos”, concluyó el magistrado.