La Justicia de la Ciudad ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada.
El Juzgado n° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al GCBA presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
En 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, demandó judicialmente al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar la práctica discriminatoria de negar la matriculación a niños, niñas y adolescentes debido a su discapacidad.
La asociación argumentó, entre otras cuestiones, que dichas conductas vulneraban el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para la magistrada, “es angustiante saber que los procedimientos que tienen que atravesar las familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad al enfrentarse a las respuestas excluyentes, segregativas e integradoras sistemáticas de los establecimientos educativos de gestión privada, están completamente alejados del modelo social de la discapacidad, imposibilitando que la carga referenciada pueda trasladarse hacia la sociedad”.
En este escenario, la jueza consideró que la prueba presentada era contundente y resaltó que el Estado se constituye en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, por cuanto a través de su inacción "parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad".
Para la magistrada, “es angustiante saber que los procedimientos que tienen que atravesar las familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad al enfrentarse a las respuestas excluyentes, segregativas e integradoras sistemáticas de los establecimientos educativos de gestión privada, están completamente alejados del modelo social de la discapacidad, imposibilitando que la carga referenciada pueda trasladarse hacia la sociedad”.
La propuesta, que debe presentar el Gobierno porteño, debe contemplar el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.