A fines del año pasado los diputados de la provincia de La Rioja aprobaron por medio de la Ley 10.609, la necesidad de una reforma parcial de la constitución provincial donde se remarcaban como temas centrales a debatir y modificar temas como la Periodicidad de las tres Funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la paridad de género en cargos electivos, la incorporación de algunos derechos como al agua, la energía y la conectividad, discutir la libertad de expresión y gobernanza, así como la constitucionalización de la coparticipación municipal primaria y de la renta básica universal.
Así con el tiempo se realizó la elección de los 36 convencionales constituyentes cuyo listado se anexa a la presente nota, y ya el pasado mes de julio se dió apertura a las sesiones de la Convención Constituyente, quedando como presidente electa Ada Maza elegida en un acto donde todos los miembros prestaron juramento ante el Gobernador y otras autoridades.
Si bien varios temas son los que preocupan en torno a la posible reforma que ya se encuentra en marcha en esa provincia, hay uno vinculado fuertemente a la democracia y la república que para algunos sectores aparece como amenazado y generó un levantamiento de voces en contra, la libertad de expresión.
Pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas"
Tema que prendió las alarmas también con el discurso brindado por el propio gobernador en el acto de apertura de la reforma, donde el mismo “pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas”
Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostraron preocupados por las acciones legislativas de la provincia de La Rioja con su reforma constitucional “que podría afectar las libertades de expresión y de prensa”, al igual que otra iniciativa de la provincia de Salta que busca “sancionar en un caso la difusión de noticias falsas” (proyecto de ley con media sanción en Diputados). Así, desde el sitio web oficial del SIP, el presidente de esa organización se expresó “Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”.
Por su parte la Academia Nacional del Periodismo se manifestó “profundamente preocupada” por el contenido del discurso pronunciado por el Gobernador de La Rioja, instando a “las máximas figuras del Gobierno nacional” a que “se expresen en contra de los conceptos vertidos por Quintela” ya que al contar con mayoría en la asamblea constituyente, el mismo podría avanzar con la reforma en ese sentido, remarcándose que “solo una acción decidida por parte de las autoridades nacionales podría evitar esa lamentable regresión de la democracia cuando está a punto de cumplir 40 años desde su restauración”
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también había manifestado preocupación por las declaraciones del Gobernador Quintela sobre la gobernanza de la prensa, al señalar entre otras cosas en un comunicado que “Se trata de expresiones de una inusitada gravedad, porque la modificación constitucional anunciada, si llegara a prosperar, constituiría una violación flagrante de la libertad de expresión protegida del modo más enfático por la Constitución Nacional (arts. 14 y 32), los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”
El debate esta en pleno desarrollo y resta ver como evoluciona el proyecto de reforma en ese sentido, y si ese discurso tan cuestionado termina plasmándose o no cambios que puedan ir en contra de nuestra Constitución Nacional.